La Legislatura del Estado de México pidió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal recuperar el Viaducto Bicentenario en beneficio de la nación, después de que los Tribunales acreditaron que es operado por la empresa Aleatica –antes OHL- sin concesión.
El punto de acuerdo promovido por el diputado morenista Faustino de la Cruz fue aprobado por mayoría de votos (los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se pronunciaron en contra) de urgente y obvia resolución.
Además exhorta al secretario de Movilidad del Estado de México, Gilberto Limón, a coadyuvar con la SICT en la recuperación inmediata de la autopista.
De la Cruz Pérez recordó que el Viaducto Bicentenario es una vía general de comunicación; es decir, un bien nacional de uso común, sujeto al régimen de dominio público de la Federación.
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No obstante, señaló, la empresa Aleatica la ha explotado desde hace más de diez años “ilegal e impunemente al no contar con una concesión del gobierno federal, por no tener la autorización previa de la SICT, todavez que la ley de vías federales de comunicación establece que para explotar una vía federal se requiere esta concesión y no existe en este caso”.
Pese a ello, prosiguió, la empresa española “ha explotado en beneficio propio esa vía, obteniendo ingresos multimillonarios en prejuicio de la República, al amparo de una supuesta concesión estatal claramente ilegal que es objeto y producto de la corrupción de la que se ha beneficiado impunemente hasta ahora”.
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El señalamiento, tiene sustento en el fallo del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito emitido el pasado 20 de octubre de 2022 al resolver el amparo en revisión 141/2022, mediante el que confirmó el amparo que había otorgado unos meses antes el juez décimo cuarto de distrito en el Estado de México en favor del abogado Paulo Diez Gargari.
En el recurso referido, expuso, se dejó constancia expresa de que el Viaducto Bicentenario es una vía general de comunicación de jurisdicción federal, “lo que significa que Aleatica comete el delito de explotarlo sin concesión de la SICT, conducta que se sanciona con hasta 12 años de prisión y con la pérdida de las instalaciones en beneficio de la nación sin derecho a indemnización de ninguna especie”.
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La resolución, destacó, es firme, no admite recurso alguno, de manera que este asunto es cosa juzgada y lo que procede es la recuperación del bien para “impedir que Aleatica siga beneficiándose de la corrupción peñanietista en perjuicio de la colectividad”.