El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, reconoció que en el sur de la entidad existe un problema de gobernabilidad provocado por la presencia de la delincuencia organizada; esto, luego de que la diputada morenista Violenta Nova reconociera que fue detenida por un retén de algún grupo delictivo.
Durante su comparecencia por la glosa del tercer informe del GEM, Nova Gómez consideró que es momento de que Gómez Sánchez reconozca que la Fiscalía a su cargo se encuentra rebasada, y denunció que hace unos días ella misma fue detenida en un retén por un convoy del crimen organizado en el sur de la entidad, tras lo cual, el funcionario estatal admitió que existe un problema de gobernabilidad en aquella región: “Varios de los municipios del sur tienen contacto y comunicación con células del crimen organizado”.
Pidió a la legisladora presentar, si lo considera oportuno, la denuncia correspondiente, o proceder por la vía anónima, y aseguró que la FGJEM ha implementado una nueva estrategia en la región que, desde su punto de vista, ha ido dando resultados. Sin embargo, justificó que a la dependencia que encabeza sólo le corresponde la investigación y persecución de los delitos, mientras la seguridad compete a varias instancias de los tres niveles de Gobierno y, si bien, ya existe el apoyo de corporaciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la de Marina, aún se deben inhabilitar las comunicaciones de estos grupos, impedir su libre tránsito y que con ello transporten armas o personas privadas de la libertad, así como dificultarles la obtención de ingresos.
El fiscal reconoció la operación de La Familia Michoacana en el sur del estado, el Cártel Jalisco Nueva Generación en el norte, la Unión Tepito Nuevo Imperio en Naucalpan, Huixquilucan y Tlalnepantla; el Cártel del Sur y algunas células del Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
Planteó que algunos grupos del crimen organizado, como La Familia Michoacana o el Cártel Jalisco Nueva Generación, incurren, además, en delitos como la extorsión, ilícito que creció durante la pandemia y que también está asociado con grupos que se hacen pasar por delincuencia organizada, conflictos sindicales, entre rutas, etcétera, y que tiene mayor incidencia en 10 de los 125 municipios, entre ellos Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Tecámac, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Nicolás Romero. Este delito, dijo, ya no sólo se basa en el derecho de piso; en demarcaciones sureñas ocurre cuando se obliga a adquirir determinados productos básicos con un solo proveedor. Ambas modalidades han llevado a la detención de 368 presuntos responsables.