La Legislatura local aprobó sancionar hasta con 20 años de prisión el delito de extorsión a comerciantes.
Específicamente, la penalidad para los integrantes de grupos delictivos irá de 7 a 15 años de prisión, pero llegará a 20 cuando quien cometa o participe en el ilícito sea un servidor público.
De esta manera, la penalidad máxima será de dos décadas de cárcel para quien obligue a una persona o unidad económica a fijar en una localidad o región, un precio por encima del mercado, para venta de bienes, mercancías, insumos o para la prestación de un servicio, lo que permitirá detener conductas delictivas que se están propagando en algunas regiones del Estado de México y que lleva al alza de precios en productos básicos.
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El dictamen se desprende de una iniciativa presentada por el fiscal José Luis Cervantes en septiembre de 2022, y tenía como propósito investigar de oficio y detener a quienes obligan a los lugareños a fijar precios de insumos por encima de los establecidos.
“El objeto es generar un nuevo tipo penal y favorecer la protección de las personas y unidades económicas en el desarrollo de la actividad económica, y actualizar el Código penal del Estado, acorde con la sociedad mexiquense, previniendo y sancionando conductas delictivas recientes que atentan directamente contra la economía de la población”, precisó el morenista Gerardo Ulloa, encargado de presentar el dictamen al pleno.
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De esta manera, al Código Penal estatal se agregó el artículo 199 Bis que dispone que incurre en este delito quien, por medio de la violencia, obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir, de otra persona, comercio o empresa, determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial.
También quien venda o distribuya bienes, insumos, mercancías o servicios, a personas o empresas determinadas, o a quien imponga o fije en una localidad o región, un precio por encima del mercado, para la venta de bienes, mercancías, o insumos o para la prestación de un servicio.
Al responsable de este delito se impondrán de 6 a 10 años de prisión, y de mil a mil 500 unidades de medida y actualización; si en la comisión de este ilícito participan dos o más personas, se agregarán de tres a cinco años de prisión (serán hasta 15), y de 500 a 800 días multa (hasta mil 300).
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Cuando en la comisión de este delito el o los sujetos activos se ostenten y o identifiquen como miembros de alguna asociación o grupo delictivo, se impondrán de 7 a 15 años de prisión, y de mil 300 a 2 mil días multa.
Para el caso de que alguna persona sea servidor público, se impondrán de 8 a 20 años de prisión y de mil 500 a 2 mil 500 días multa.
“Con estas reformas se contará con elementos para enfrentar y detener una conducta delictiva que se está presentando y propagando en algunas regiones de nuestro estado y que violenta la libertad y la integridad de quienes ejercen el comercio como actividad para ganarse la vida, así como de los consumidores finales, quienes resienten el alza de precios en productos básicos”, precisó Ulloa Pérez.