La gobernadora Delfina Gómez Álvarez propuso al Congreso del Estado de México la creación de un órgano estatal preventivo del delito de extorsión y de una Fiscalía especializada, mediante la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México.
La propuesta, remitida al Congreso local a través de la Diputación Permanente, contempla también modificaciones al Código Penal y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el objetivo de regular de manera integral la prevención, persecución y sanción del delito de extorsión y conductas vinculadas, fortalecer las acciones institucionales para su erradicación y garantizar la seguridad, integridad y protección de las personas y su patrimonio, bajo un enfoque transversal de derechos humanos.
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La iniciativa plantea la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, como un órgano colegiado permanente encargado de la concertación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia.
Dicho consejo fungiría como instancia de planeación estratégica, vinculación interinstitucional y rendición de cuentas, con el fin de asegurar que las acciones de prevención, atención y combate a la extorsión se desarrollen de manera coherente, transversal y alineada con la Estrategia Nacional, incorporando la participación municipal y el acompañamiento de sectores sociales y académicos.
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Asimismo, la propuesta prevé el fortalecimiento de los mecanismos de atención, orientación y canalización de denuncias, por lo que la Secretaría de Seguridad estatal contaría con un Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, además de la implementación de una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, como ejes operativos para inhibir la comisión del delito, reducir la cifra negra y generar confianza institucional.
Con estas medidas se busca brindar una respuesta oportuna, especializada y coordinada frente a las distintas modalidades de extorsión, promover la cultura de la denuncia y facilitar acciones preventivas focalizadas, particularmente en sectores y regiones de mayor riesgo, contribuyendo a la protección del patrimonio, la integridad y la seguridad de la población.
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De igual forma, se propone la creación de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro, cuyo personal deberá contar con capacitación, evaluación, certificaciones y especialización conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el documento se precisa que, con la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, las conductas previamente previstas como delito contra el consumo, en la modalidad señalada en su artículo 16, quedan integradas dentro del tipo penal de extorsión vigente a nivel nacional.
Para evitar un problema de concurso de delitos y respetar el marco constitucional federal, la reforma propone derogar el tipo penal previsto en el artículo 199 Bis, que sanciona conductas extorsivas de naturaleza económica orientadas al control de mercados, imposición de precios o restricción de la libre competencia mediante violencia.
Lo anterior, al considerar que el Congreso de la Unión posee la facultad exclusiva para legislar en materia de tipificación penal de la extorsión, por lo que las entidades federativas únicamente pueden armonizar su legislación y regular aspectos de coordinación, prevención y persecución, sin crear, modificar o ampliar tipos penales cuya definición corresponde al ámbito federal.