Martha Hilda González, secretaria del Trabajo del Estado de México, justificó que la administración mexiquense no aplicó la Ley del Seguro de Desempleo, que data de 2011, para apoyar a los trabajadores que perdieron sus fuentes de ingresos por la pandemia, por tratarse esta de una crisis sanitaria y no laboral.
La Ley del Seguro de Desempleo, aseguró, es una hermosa zapatilla de la Cenicienta, inspirada en una crisis económica, pero este año la Cenicienta se volvió la hermanastra por el COVID-19 y esa zapatilla no le quedó; esta, dijo, es una crisis sanitaria y no económica.
En la toma de la decisión de no aplicar esa norma, planteó, participaron muchas instituciones y fueron aplicadas razones de Estado, legales y, sobre todo, humanitarias, pues la Ley sólo habría cobijado a los desempleados del sector formal, mientras los más afectados en esta ocasión fueron los del sector informal. Además, dijo, la entidad no perdió consistentemente empleos, pues, si bien, los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelaron la pérdida de 36 900 empleos en abril, y 22 033 en mayo, ubicando al Estado de México en el quinto o sexto lugar del paìs con mayores pérdidas, en junio se generaron 268, en julio se perdieron mil, pero para agosto y septiembre se ganaron 17 mil.
Adicionalmente, expuso, el presidente Andrés Manuel López Obrador no declaró contingencia económica ni sanitaria por razones de Estado, pues de haberlo hecho, sólo se habrían tenido recursos para garantizar un mes de salarios mínimos, lo que habría representado un problema mayor si la contingencia se ampliaba.
El programa emergente de apoyo al desempleo, explicó, se ampara en el artículo 25 de la Ley de Desarrollo Social: "Asumo la responsabilidad del programa. Seguro que el presupuesto no fue suficiente, pero fue lo que tuvimos; sólo lo aplicamos dos entidades del país", dijo.
Ante las críticas en el sentido de que se trata de un programa electoral, con diversos reclamos en la red por anomalías en el registro, González Calderón afirmó que todos sus beneficiarios son mexiquenses de los 125 municipios, de carne y hueso, 30% de los cuales laboraba en la formalidad y 70% en el sector informal. Justificó que el registro operó durante pocas horas porque llegó a su límite en un corto plazo, ya que más de 120 mil interesados se registraron para un tope de sólo 50 mil. También afirmó que priorizó a los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, y remitió a la presidencia de la Mesa Directiva el informe que, sobre el tema, le fue solicitado por el Pleno de la Legislatura local hace unas semanas. De igual forma, aseguró que, derivado de la contingencia por el coronavirus SARS-CoV-2, fueron apoyadas 39 mil empresas mexiquenses con 211 millones de pesos para conservar 260 mil empleos al mes.
Todo lo anterior fue esgrimido durante la comparecencia de la funcionaria en la glosa del tercer informe de gobierno, donde también fue cuestionada sobre temas como la ampliación del mandato de Herminio Cahué al frente del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEyM) y la existencia del outsourcing en la administración estatal.
"No podemos intervenir en el SUTEyM, es un órgano autónomo. Es una condición interna y debe respetarse si se quiere un sistema laboral fuerte", justificó al no descartar que los estatutos de ese gremio permiten su ampliación. Sobre el outsourcing, afirmó que el esquema laboral es legal, representa una alternativa, se encuentra obligado a ofrecer las prestaciones de la Ley laboral, y sus intermediarios a pagar sus contribuciones al SAT. Si es simulado, manifestó, debe ser sancionado. En la actualidad, expuso, existen 356 demandas en trámite por este esquema de contratación.