El pleno de la Legislatura del Estado de México ratificó la desaparición del Consejo Consultivo de Valoración Salarial. Ahora, las funciones de análisis y recomendaciones sobre percepciones de servidores públicos estatales y municipales serán absorbidas por la Comisión parlamentaria de Planeación y Gasto Público.
Esta medida permitirá ahorrar erogaciones adicionales, en virtud de que las tareas y gastos que antes realizaba dicho órgano auxiliar de la Legislatura, serán asumidas por el Congreso. Los diputados confían en que permitirá establecer y regular las dietas y sueldos que devengan los servidores públicos del Estado de México, ajustándose a criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación en relación con el cargo que desempeñan y que contribuyan a eliminar la discrecionalidad en la asignación de las remuneraciones.
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La reforma propuesta por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y avalada por unanimidad, establece que, en lo sucesivo, la Comisión de Planeación y Gasto Público del Poder Legislativo se encargará de realizar estudios y emitir opiniones en materia de salarios para los servidores públicos de los 125 municipios del Estado de México. Para ello, la Comisión contará con el apoyo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), respetando los principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera, legalidad, eficacia, eficiencia, congruencia e igualdad.
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El dictamen detalla que, a partir de bases técnicas, reglas y parámetros objetivos y diferenciados, la Comisión formulará opiniones o recomendaciones sobre la remuneración que debe percibir cada servidor público mexiquense y hacerlas del conocimiento del pleno de la Legislatura. El documento especifica que las recomendaciones deberán ser publicadas en la Gaceta del Gobierno, con el fin de someterlas a consideración y discusión respecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, y para la formulación de recomendaciones a los municipios.
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Las observaciones sobre las remuneraciones mínimas y máximas propuestas en el proyecto presupuestario deberán ser emitidas por la Comisión a más tardar el 5 de diciembre, en tanto que para los municipios, deberán ser revisadas antes del 25 de febrero de cada año.
Con esta iniciativa, señala el dictamen, las remuneraciones se determinarán con base en factores como población, recursos económicos disponibles, costo promedio de vida, índice inflacionario, grado de marginalidad, productividad en la prestación de servicios públicos, responsabilidad de la función y eficiencia en la recaudación de impuestos.