Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno del Estado de México no había promulgado en Gaceta de Gobierno el dictamen de la Legislatura para instruir la realización de auditorías especiales al ISSEMyM, ISEM, UAEMex, PAC y CUSAEM y para remover al titular del OSFEM, pero Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, confió en que el gobernador se encuentra en el plazo establecido y aclaró que los diputados no han recibido comunicación en el sentido de que se pretendan vetar el documento.
Hernández González confió en que el Ejecutivo estatal aún está en tiempo para promulgar el mandato del pleno.
“No tenemos que esperar, no es una condición legal. Yo creo que lo están analizando, no nos han dicho nada. (Pero citarlo) No depende de que se publique o no”, indicó.
De cualquier manera, anticipó que el miércoles o jueves de esta semana podría emitirse la convocatoria al auditor superior, Fernando Baz, a comparecer con motivo de su garantía de audiencia; el ejercicio, sin embargo, se realizaría posiblemente la semana próxima, mientras se notifica y se le otorga tiempo para prepararse.
El además coordinador del grupo parlamentario de Morena consideró que no es necesario que se promulgue el mandato del pleno para iniciar el procedimientos contra el auditor ni para desahogar el proceso.
Además, confió en que el mes próximo, una vez resuelta la reestructuración del OSFEM, también podrán iniciar las auditorías especiales, pues por ahora la revisión se encuentra en estado de latencia, debido a que no hay garantías sobre la posibilidad de concluir los análisis si se iniciaran ahora y hubiera cambio de titular.
Hasta esta tarde, y a 20 días de que el pleno avaló, como parte del dictamen de la Cuenta Pública Estatal 2017, las auditorías especiales y la remoción del auditor, en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México no se ha publicado el acuerdo respectivo.
El artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que el gobernador “podrá formular observaciones a las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción”.
“Las leyes o decretos desechados en todo o en parte por el Ejecutivo, serán devueltos, con sus observaciones a la Legislatura. Deberán ser discutidos de nuevo por esta, y si fuesen confirmados por las dos terceras partes del número total de sus integrantes serán ley o decreto y volverán al Ejecutivo para su promulgación”, plantea el segundo párrafo.
Lo anterior, implica, de cualquier manera, la posibilidad de que el acuerdo de la Legislatura sea avalado una vez más al menos por mayoría calificada, si Morena mantiene en la votación la alianza con PT, PES y los diputados independientes. El acuerdo original fue votado por unanimidad.
En ese caso de recibir observaciones, la nueva votación de la Legislatura deberá realizarse durante el mismo periodo en que se reciban las observaciones. Si concluye el periodo ordinario, la Diputación Permanente convocará a periodo extraordinario de sesiones.