El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Legislatura mexiquense presentó una iniciativa dirigida al Congreso de la Unión para reformar la Constitución y la Ley de Vías Generales de Comunicación, con el objetivo de que los concesionarios de autopistas paguen impuesto predial a los municipios por los que atraviesan.
Buscan corregir desigualdad fiscal
El diputado Óscar González, coordinador de la bancada petista, explicó que aunque las autopistas generan ingresos millonarios por peajes, no aportan fiscalmente a los municipios que enfrentan costos indirectos como mantenimiento de accesos, afectaciones ambientales o urbanas.
Con el cobro del predial, dijo, se corregiría esta asimetría.
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Beneficio para 88 municipios mexiquenses
En el Estado de México existen 12 autopistas concesionadas que cruzan 88 municipios, los cuales serían beneficiados si la reforma es aprobada.
La iniciativa precisa que la exención fiscal vigente para bienes públicos *no aplicará* cuando las vías estén bajo concesión o explotación privada, como ocurre actualmente con la mayoría de las autopistas.
Cómo se aplicaría el nuevo impuesto
El impuesto predial se calcularía sobre el valor catastral de los terrenos ocupados por la vía y sus instalaciones anexas —casetas, áreas comerciales o de descanso—, excluyendo la infraestructura de uso público directo.
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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) coordinaría con los municipios el mecanismo de cálculo y recaudación, y los recursos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a infraestructura, servicios públicos o programas de desarrollo local.
México recauda menos por propiedad
El PT recordó que México tiene una de las recaudaciones más bajas por impuesto a la propiedad: mientras los países de la OCDE recaudan en promedio 1.9% del PIB, México apenas alcanza 0.3%.
En el caso del Edoméx, las autopistas concesionadas generan más de 21 mil millones de pesos anuales, sin aportar directamente a los municipios que cruzan.
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Regulación para evitar conflictos
Finalmente, el proyecto señala que la regulación por parte de la SICT garantizaría uniformidad en la aplicación del impuesto y evitaría conflictos jurisdiccionales entre municipios, respetando el carácter federal de las autopistas.