Para evitar que el financiamiento público al emprendimiento dependa del estado de ánimo de los gobiernos en turno, parlamentarios que participan en la Comisión de Desarrollo Económico con miras a la reforma integral de la Constitución mexiquense propusieron elevar a rango constitucional la obligación de los apoyos a emprendedores, además del seguro de desempleo.
Ciudadanos e integrantes de la sociedad civil coincidieron en que la pandemia ocasionó un retroceso de la actividad económica, por lo que urgieron una reingeniería que garantice apoyos al emprendimiento como un derecho que no quede a decisión de gobernadores o alcaldes en turno, por ello, exigieron menos requisitos, mayor agilidad en los trámites y sanción a la corrupción.
Joaquín Vela Guzmán, presidente de la Comisión, recordó que en la actualidad el Estado de México tiene un crecimiento promedio industrial de apenas 1.73%, y en agricultura de 0.52%, muy por debajo del 2% que señalan organismos internacionales como insatisfactorio.
además, en 10 años, la actividad industrial disminuyó de 27 a 24% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que deja entrever la necesidad de una nueva fase de industrialización.
En tanto, Laura González, representante del Consejo Coordinador Empresarial en la entidad, propuso fortalecer los consejos consultivos ciudadanos en materia de obras públicas, desarrollo económico, movilidad, tesorería, administración, seguridad y mejora regulatoria con carácter vinculante.
También que los Poderes Legislativo y Judicial cuenten con observatorios ciudadanos, que las Contralorías Sociales puedan promover denuncias por irregularidades de funcionarios, un esquema de vigilancia de servidores públicos encargados de la prestación y ejecución de acciones o servicios municipales y estatales, exámenes de control de confianza a funcionarios estatales y municipales en áreas de atención al público; y elevar a derecho el seguro de desempleo.
El parlamentario Pedro Carta propuso reformar el artículo 18 Constitucional para que se reconozca el derecho al trabajo y garanticen políticas públicas y programas de fomento al emprendedor, ya sea de forma familiar, individual o colectiva.
“Es necesario que el emprendimiento se reconozca como un derecho humano fundamental, que no sea concesión administrativa como hoy sucede, sino un instrumento de derecho anclado desde la Constitución, y no como hoy que dependen del gobernador o alcaldes si quiere dar presupuesto para ello o no”, dijo.
Carla Terrón, además, lamentó que en el Estado haya destinado mil 500 millones de pesos para entregar despensas a la gente, pues esta actividad no genera riqueza, en lugar de destinarlo al apoyo de negocios de manufactura que pueden generar miles de empleos permanentes.
Por otro lado, Alejandrina Albiter presentó la iniciativa para que las empresas estén obligadas a contratar a jóvenes recién egresados y se les califique por sus habilidades y capacidades, en lugar de por su falta de experiencia; que las autoridades cuenten con una plataforma para vincularlos con empresas y haya multas para las compañías que no ofrezcan estos espacios.
Para combatir la corrupción en los trámites, Alberto Tinajero, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Metropolitano, planteó reformar el artículo 61 de manera que sea el Poder Legislativo quien establezca los requisitos, duración de permisos y costos para la apertura, así como operación de empresas en los municipios, además de determinar incentivos anuales fiscales y estatales, y facilitar el acceso a créditos.
Diversos parlamentarios coincidieron en la necesidad de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los emprendedores para otorgarles el derecho a acceder a políticas, programas e incentivos para iniciar sus negocios; crear agendas PyME y talleres de emprendimiento que les permitan consolidarse, más allá de 2 a 5 años, que es el plazo promedio que sobreviven. También se planteó crear el Instituto de Economía Social y Solidaria.