Ayer, el colectivo “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos" encabezó una marcha pacífica desde Paseo Tollocan hasta la Plaza de los Mártires, para exigir que se haga cumplir la Ley de Amnistía en el Estado de México, especialmente en los casos presos injustamente acusados de delitos de alto impacto.
"Vamos a presentar el próximo martes 7 de diciembre la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de La Ley de Amnistía del Estado de México, destacando que este proyecto otorga mayores facultades de investigación a la comisión especial de la sexagésima primera Legislatura en materia de derechos humanos, así como también reformar para que todos los casos relevantes nos pueda conocer la comisión especial después del 5 de enero del 2021, fecha que límite para que otros falsos culpables puedan ser beneficiados por dicha ley", externaron.
Además, solicitaron que un grupo de investigadores especializados sean adscritos a la Comisión Especial para que analizan de manera precisa y puntual las solicitudes de amnistía que le son presentadas, así como también se solicitará una partida de 100 millones de pesos para que todos los órganos del Estado que atienden la amnistía, cuente con recursos suficientes y poder realizar lo que el legislador ordinario les mandato en la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México, priorizando los casos por su relevancia o los delitos de alto impacto.
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"El tiempo nos dio la razón, porque los organismos como la Codhem, el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos no cuentan con recursos suficientes para atender las solicitudes por casos relevantes o delitos de alto impacto, porque como lo hemos señalado, la Comisión Especial de la Legislatura no realizó un análisis y trabajo previo para dictaminar a qué organismo le corresponde emitir las opiniones consultivas", externaron los activistas.
Finalmente, detallaron que a través de la iniciativa Ciudadana de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, se expuso el problema de la seguridad, procuración y administración de justicia del Estado de México, pues no se logró consolidar un sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Además se denunció que los recursos de fondo de aportación para la seguridad pública fueron desviados principalmente por las administraciones de los gobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, cuyos montos rebasan los más de 7 mil 500 millones de pesos.