El Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investigar a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, por el “diezmo” que cuando alcaldesa solicitó a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco para subsidiar a Morena.
Agustín Barrera y Javier Rivera, presidente y secretario general del sol azteca en el Estado de México, respectivamente, solicitaron que la Fiscalía mexiquense dé trámite a la vista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el expediente de los descuentos.
Desde su punto de vista, la conducta infringe el artículo 137 del Código Penal del Estado de México que establece que incurre en el delito de abuso de autoridad con contenido patrimonial, el servidor público que utilice su cargo o función para obtener la entrega de fondos, valores o cualquier otra cosa que no le haya sido confiada, para aprovecharse o disponer de ella en su favor o de alguna otra persona, u obtenga, bajo cualquier pretexto, para sí o para un tercero, parte de los sueldos de los subalternos, dádivas u otros servicios indebidos.
Conforme a la norma, este delito es sancionado con entre tres y ocho años de prisión, de 500 a mil días multa, destitución e inhabilitación de seis a 16 años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos cuando la cantidad o el valor de lo obtenido excede de 90 veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde se cometa el delito.
Hace aproximadamente un mes, el TEPJF confirmó la multa de 4 millones de pesos a Morena por omitir el reporte de 2 millones 264 mil 612 pesos en ingresos obtenidos en 2014 y 2015 mediante la retención de un porcentaje de los salarios de empleados del ayuntamiento de Texcoco y del DIF municipal.
“Las pruebas ya las tienen, forman parte del expediente que resolvieron el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, quienes en su sentencia dan vista a la FGJEM para que investigue estas conductas que pueden configurarse como delitos. Pedimos que se dé trámite a la vista, investiguen y resuelvan conforme a derecho”, indicó Agustín Barrera.
Los promoventes consideraron que estas conductas no han prescrito, por lo que las autoridades competentes están obligadas a indagar y determinar lo conducente.
El acuerdo del INE especifica que debe darse vista al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la FGJEM, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera, al advertir que las conductas desplegadas por diversas personas que fueron materia de estudio en el procedimiento, podrían actualizar infracciones de índole administrativa y/o penal.