Acusa que sólo se atienden 8 de 56 carreteras en convenio con empresa privada
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana Yurixi Leyva Piñón, solicitó al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, Óscar Flores Jiménez, revocar el contrato del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) carretero firmado durante la administración de Enrique Peña Nieto con la empresa Mexiquense Conservadora de Vialidades, y fincar responsabilidades por presunto incumplimiento.
Según la legisladora, la compañía sólo *mantiene en buen estado 8 de las 56 vías* contempladas en el contrato.
Contrato millonario y cláusulas ventajosas
El acuerdo fue suscrito el 24 de febrero de 2011, durante el gobierno de Peña Nieto, por un monto total de 7 mil 980 millones de pesos, con vigencia de 20 años.
El documento incluye el mantenimiento de vialidades principales como Isidro Fabela, Paseo Tollocan y Alfredo del Mazo en Toluca; López Portillo en Ecatepec; así como la México-Querétaro, el Periférico y la Vialidad Mexiquense.
Leyva Piñón explicó que el Anexo 19, cláusula sexta, numeral 6.1.1, establece la figura de “no disponibilidad”, que libera temporalmente a la empresa de realizar mantenimiento si un tercero causa daños a la vialidad.
Sin embargo, criticó que esta cláusula habría sido usada como pretexto para no atender 48 de las 56 vías, sin que ello implicara reducción del pago mensual al contratista, que asciende a 78 millones de pesos.
“Gracias a este contrato mañoso y ventajoso, tenemos 48 vialidades en estatus de no disponibles y sólo ocho atendidas”, denunció la diputada.
Presupuesto comprometido de la Junta de Caminos
La legisladora advirtió que 91 % del presupuesto anual de la Junta de Caminos —equivalente a 2 mil 892 millones de pesos del total de *3 mil 200 millones— se destina al pago de contratos PPS y APP.
Del resto, 229 millones se emplean en nómina, 32 millones en energía eléctrica y apenas 8.4 millones de pesos (0.3 %) quedan disponibles para materiales, bacheo y mantenimiento profundo de vialidades.
“Durante las administraciones priistas, estos contratos eran la caja chica del poder; una fuente de financiamiento para cuates y amigos”, sostuvo.
Pide responsabilidades y revisión de contratos
Leyva Piñón exhortó al secretario de Finanzas a revocar los contratos y fincar responsabilidades a quienes participaron en su firma, calificándolos como parte de un “saqueo institucionalizado”.
Responde la Secretaría de Finanzas
En su comparecencia ante el Congreso local por la glosa del Segundo Informe de Gobierno, Óscar Flores detalló que cada año el Ejecutivo destina 5 mil 843 millones de pesos al pago de contratos PPS y APP.
Precisó que estos acuerdos, firmados entre *2007 y 2010, comprometieron recursos públicos sin marco jurídico* que los regulara, por lo que la actual administración evitará recurrir a ese tipo de esquemas.
“Si hay incumplimiento, aplicaremos deducciones, fianzas y, en su caso, la rescisión de contratos”, afirmó.