Integrantes de organizaciones magisteriales, de servidores públicos, pensionados y pensionistas pidieron a la Legislatura local tipificar como defraudación fiscal la retención y omisión para enterar cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
También se pronunciaron porque se promueva la construcción de hospitales de tercer nivel, incrementar el presupuesto del Instituto, no desviar recursos para campañas políticas, no privatizar la seguridad social, mejorar la infraestructura, garantizar el abasto de medicamentos, auditar al Instituto, agilizar la entrega de fichas para consulta, mejorar la atención, adelantar los procesos de jubilación, entre otras necesidades.
En respuesta, diputados del grupo parlamentario de Morena acordaron celebrar mesas regionales en las que se consulte a servidores públicos, pensionados y pensionistas a fin de construir la ruta legislativa, política y legal que resuelva la problemática del Instituto.
Los morenistas Abraham Saroné, Faustino de la Cruz, Ariel Juárez y Marco Antonio Cruz coincidieron en la necesidad de resolver el mal servicio, desabasto de medicamentos y falta de especialistas que el ISSEMyM enfrenta.
En el afán de encontrar las soluciones óptimas, acordaron que en agosto próximo realizarán mesas de trabajo regionales en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Toluca y Atlacomulco para revisar los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y los Municipios, las nuevas responsabilidades para las personas jubiladas, la cuota obligatoria para personas pensionadas y pensionistas y el servicio del salud.
Saroné Campos, quien además preside la Comisión de Educación, consideró necesario revisar el monto de seguro por fallecimiento de la persona derechohabiente, afectado por un decreto federal de 2016, pues antes se calculaba con base en el salario mínimo y ahora con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que redujo en 10 mil pesos el monto a recibir.
De la Cruz Pérez acusó que el gobierno estatal privilegió al Instituto como una caja chica por encima del interés colectivo y permitió que la corrupción lo carcomiera, de tal manera que no goza de salud financiera, el servicio que ofrece es ineficiente, sin calidad ni atención humana.
Cruz Cruz recordó que a fines de 2021 e inicios de 2022, durante cuatro meses, el gobierno estatal adeudó mil 600 millones de pesos al Instituto, por lo que se debe castigar a quienes retengan las cuotas y aportaciones de los trabajadores, sin importar de quién se trate, dado que hacerlo afecta la atención médica.
Entre los organismos peticionarios se encuentran integrantes del Observatorio Educativo Estatal, de la Unión de Pensionados y Pensionistas del Issemym, el Movimiento Magisterial 4T, la Asamblea Magisterial, el Magisterio Mexiquense, el Frente de Defensa Magisterial, la Voz Magisterial, la Asamblea Estatal en Defensa de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios
.