Blanca “N” es la séptima persona privada de la libertad procesada por delito grave que fue excarcelada a través de la amnistía, tras confirmarse que el ilícito le fue atribuido por su condición de vulnerabilidad, que no contaba con recursos para una defensa adecuada, y con el objetivo de privilegiar el principio superior de la hija de dos años de edad que vivía con ella en prisión.
La liberación fue posible después de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió un pronunciamiento ante el Poder Judicial para el perdón y el olvido del delito por parte del Estado.
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Tras revisar el expediente e investigar el caso, la Codhem comprobó que la mujer se encontraba en situación de vulnerabilidad, discriminación, desventaja por ser mujer, pobreza, con rezago educativo, sin acceso a servicios de salud ni seguridad social, al momento en que se le atribuyó el ilícito.
La inculpada, refirió el organismo, se dedicaba al comercio informal; tenía carencia de espacios y servicios básicos en la vivienda y un ingreso insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias de sus hijos.
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Cuando el organismo defensor de las garantías individuales revisó la situación de Blanca “N”, comprobó insuficiencia en la tutela de sus derechos humanos, en especial el relativo a una defensa adecuada, ya que no contaba con los medios económicos necesarios para contratar una de su elección; tampoco se realizaron las diligencias que constituyeran una defensa técnica adecuada.
Para el pronunciamiento de amnistía, expuso la Comisión, se corroboró la inobservancia del principio de proporcionalidad de la pena, contemplado en la Constitución del país, pues la condena impuesta a Blanca fue de 15 años por el delito de robo, mientras a su coautor le dieron sólo cinco.
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Para su resolución, la Codhem también ponderó el principio del interés superior de la niñez y determinó que la familia es un elemento natural y fundamental de la estructura social que debe ser protegida; lo anterior, porque Blanca “N” tenía consigo, en su celda, a su hija, quien nació y vivió dos años once meses al interior del penal.
La mujer tampoco contaba con una red de apoyo familiar en el exterior que pudiera cuidar a la menor cuando ésta fuera externada del centro penitenciario, al cumplir los tres años de edad, como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, de manera que la Codhem estimó que una separación sometería a la niña a un estado de vulnerabilidad e indefensión.