La Legislatura del Estado de México autorizó, a través del Secretariado Técnico, para la reforma integral de la Constitución local (Sectec), llevar a foro la propuesta para elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, debido a la controversia que el tema generó durante el Parlamento Abierto a la sociedad civil para recabar sus propuestas.
Con este planteamiento se cerraría el paso a la interrupción legal del embarazo y a la eutanasia.
La nueva decisión se tomó este sábado, al someter a consideración de los parlamentarios ciudadanos la propuesta de reforma constitucional de Cristian Badillo, quien plantea reconocer en la Carta Magna local el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural; tras la discusión, el Sectec registró 28 consensos, 58 disensos y 2 abstenciones.
Independientemente del resultado que, junto con los argumentos esgrimidos será turnado a los diputados locales para que se consideren ante una eventual reforma constitucional, José Castillo Ambriz, presidente de la Comisión abierta de Derechos Humanos, aclaró que el Sectec autorizó la celebración de un foro para que la decisión además se tome con base en los planteamientos realizados por expertos en el tema.
Monseñor David Alberto Medina Pech solicitó que a este ejercicio sean convocados especialistas que esgriman elementos en ambos sentidos. Con esta decisión, suman dos las iniciativas ciudadanas que se llevarán a foro, después de que el martes pasado también provocara una amplia discusión el planteamiento de la interrupción legal del embarazo.
Los argumentos en favor de la propuesta fundamentalmente giraron en torno a que los tratados internacionales de los que México forma parte tutelan el derecho a la vida como la base de todos los demás derechos, que la mujer no puede decidir sobre otro cuerpo (el de su bebé) y hacerlo representa un asesinato, y que la genética reconoce, desde el momento de la fecundación, un cigoto de 23 cromosomas con ADN propio al que le latirá el corazón a partir de las dos semanas de gestación, por lo que surge un nuevo ser único e irrepetible.
Por el contrario, los argumentos en contra consideraron que la propuesta es retrógrada, excluyente, sexista, misógina, basada en prejuicios personales y religiosos, no en términos jurídicos, humanísticos y racionales; y pasa por sobre los derechos sexuales y reproductivos, mentales y a la salud de las mujeres.
Recordaron que jurídicamente la vida se reconoce hasta 24 horas después del nacimiento, cuando el producto ya es viable fuera del vientre materno, y si se trata de reconocer derechos y obligaciones a todo ser con ADN propio también tendrían que reconocerse el espermatozoide o un tumor.
“No toda célula viva es una persona, menos una persona jurídica… si defendemos células, perdemos energía y tiempo”, se externaron en los argumentos en contra.
La vida que debe garantizarse, insistieron, es en condiciones dignas. Es incorrecto, prosiguieron, tomar decisiones por los demás desde una burbuja de privilegios y desde la hipocresía; recordaron que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos a que se acoge el ala conservadora fue suscrita por México con reservas en el planteamiento de reconocer la vida desde la concepción. “Si el derecho a la vida da pie a los demás, también debemos reconocer los matrimonios igualitarios, no podemos ser parciales”, plantearon. Negar los derechos de las mujeres, indicaron, es una forma de violencia, incluso institucional.
Maternidad, reiteraron, no debe ser obligación ni destino, sino decisión.
“El cuerpo de la mujer dejó de ser de dominio público… personas somos las mujeres ya nacidas… dejemos esta decisión a las mujeres jóvenes en edad para embarazarse, no a quien ya decidió ni a hombres que quieren decidir sobre las mujeres de las siguientes generaciones. No vemos a quienes se oponen a la interrupción legal del embarazo ayudando a niños en el abandono o en la calle, pero sí vemos mujeres muriendo por abortos clandestinos… no notamos el interés (de los defensores de la vida desde la concepción) por los hijos de mujeres privadas de la libertad, en estado de pobreza o de niñas violadas”, refirieron.
Y agregaron que la penalización del aborto afecta fundamentalmente a las mujeres que sufren violencia o tienen carencias económicas.
En contraparte, el ala defensora de la iniciativa, que incluyó a integrantes de la Iglesia católica, y de organizaciones como el Frente Nacional por la Familia y Misión Rescate México, acusó que la sesión del Parlamento Abierto fue manipulada y permitió el registro de nuevos parlamentarios para inflar los resultados, por lo que pidió a los diputados revisar el procedimiento e, incluso, llamó al gobernador a ejercer su derecho al veto. En una sesión previa, por el contrario, se quejaron de que no a todos se les permitió participar, por lo que la Mesa Directiva acordó abrir un día de registro para dar cabida a quienes aseguraron que se quedaron fuera del ejercicio.