Hasta 87% de las personas privadas de su libertad (PPL) en los penales mexiquenses podrían ser candidatos a beneficiarse de la Ley estatal de Amnistía, debido a su condición como primodelincuentes, siempre y cuando no hayan cometido un delito grave, advirtieron diputados de Morena promotores de esta iniciativa.
La propuesta, elaborada por los diputados Max Correa, Mariana Uribe, Liliana Gollas y Gerardo Ulloa plantea que sólo 17% de las personas en prisiones mexiquenses han cometido delitos en más de una ocasión, mientras el restante 87% es la primera vez que delinquen.
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Además de ellos, conforme a la iniciativa que será remitida a la Diputación Permanente el próximo jueves, también podrían ser beneficiadas las personas que, por razones políticas, ambientalistas o líderes sociales, fueron acusadas de delitos graves para no tener el beneficio de la libertad condicional.
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Correa Hernández destacó que a las recomendaciones que organismos de derechos humanos han hecho a las autoridades estatales respecto al grave hacinamiento que existe en sus reclusorios, se suma la pandemia de COVID-19 que pone en alto riesgo a la población penitenciaria, incluidas las personas injustamente apresadas.
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“Al aprobarse la Ley federal de Amnistía, cada estado puede legislar una ley similar en materia del fuero común para beneficiar a quienes fueron procesados por delitos que no cometieron, y que por su condición de vulnerabilidad social y económica, no tuvieron un debido proceso o no pudieron tener una defensa adecuada, permaneciendo presos, a veces bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa”, expuso.
El morenista explicó que el proyecto de Ley de Amnistía del Estado de México propone que la Legislatura local cree una comisión especial para analizar este tipo de casos y los ponga a consideración del Poder Judicial para determinar cómo procede este beneficio: "Esta iniciativa de ley tiene la finalidad de defender los derechos humanos y hacer justicia a las personas
en su condición vulnerable, cultural, social y económica", indicó.
Recordó que la propuesta legislativa considera que hay conductas que no son delitos, pues ejercen un derecho humano, como en el caso del aborto, donde también es criminalizado el personal de salud; el uso lúdico y medicinal de la cannabis, así como campesinos e indígenas que defienden el agua y los bosques.
El legislador aclaró que la Ley de Amnistía busca beneficiar a quienes, desde hace dos años, purgan una pena injustamente, y a las personas que se les haya ejercitado o se pudiera ejercitar acción penal durante la vigencia de la ley, la cual podría durar por el resto de la actual Legislatura.