La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. demandó a la Legislatura mexiquense, de mayoría morenista, no dar carpetazo a la Ley de Amnistía por el proceso electoral y las aspiraciones personales, grupales o de partido, e integrar como beneficiarios a los más de 13 mil falsos culpables en la entidad, señalados por delitos graves, ante las fallas del nuevo sistema de justicia. José Humbertus Pérez Espinoza, presidente de este organismo, advirtió que esta norma debe ser aprobada antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones (a más tardar a mediados de diciembre), y no hasta el año próximo, como se pretende, para evitar que se contamine con intereses políticos.
Para que se tome una decisión sobre los alcances que debe tener, esta mañana, Pérez Espinoza presentó un nuevo paquete de documentos que respaldan que los recursos públicos destinados a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio no se utilizaron, que la capacitación de sus servidores públicos fue simulada y no existe certificación, por lo que nunca se puso en marcha. Recordó que el pasado 13 de octubre, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en los últimos días del sexenio de Felipe Calderón se le otorgaron a Genaro García Luna 19 millones de dólares para pagar una capacitación a “tres funcionarios” y que dicho curso duró sólo 90 minutos (hora y media). Este hecho, dijo, ejemplifica que la capacitación y certificación es el tendón de Aquiles de la corrupción del sistema judicial penal acusatorio.
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En el Estado de México, expuso, vía transparencia, se logró conocer que varios operadores de justicia recibieron capacitaciones de tan sólo un día en materias profundas que requieren de análisis intensos, o tomaron cursos completos en cinco, pero nunca se certificaron. Pérez Espinoza insistió en que durante los últimos dos años del Gobierno estatal de Enrique Peña y los seis de Eruviel Ávila se recibieron recursos federales para capacitación de los operadores de justicia, pero fueron desviados hacia otras actividades, como campañas electorales.
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El primero de octubre de 2013, recordó, se celebró un convenio de colaboración entre la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro (ARSCP), representada por su titular Mónica Argelia Mendoza Salgado, y el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo de la Subsecretaría de Administración, adscrita a la Secretaría de Finanzas, a través de su director Jonathan Eleuterio Michoa, hombre cercano al exrector de la UAEM, Jorge Olvera, y al exgobernador Ávila Villegas, en busca de dar formalidad y funcionalidad al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Pericial y Policial.
No obstante, indicó, desde el 18 de octubre del 2011, el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ) era el organismo encargado de realizar estas funciones, por lo que no se justificaba la firma del citado convenio, pues, además, el Poder Legislativo del Estado de México le había otorgado como presupuesto para ese año 170 millones 049 209 pesos.
Mónica Argelia Mendoza Salgado, dijo, fue nombrada titular de la ARSCP por la comisionada general de la Policía Federal –cuyo titular era Genaro García Luna-, Maribel Cervantes Guerrero, hasta hace unas semanas secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México. Además, detalló, al revisar el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no dio por válidos los procesos de capacitación y formación porque la ARSCP no está facultada para la formación de operadores de justicia en el Estado de México.
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El artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública responsabilizaba a cada entidad federativa de formar su propia academia, mientras las academias regionales de Seguridad Pública pertenecen a la Policía Federal y no tienen ninguna facultad en la capacitación y certificación de los operadores de justicia.
Los falsos culpables –muchos acusados de homicidio, delincuencia organizada, secuestro, violación, trata de personas, extorsión, feminicidio y robos con violencia–, agregó, exigimos el mismo trato que al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, donde con suficientes datos de prueba para inculparlo, de cualquier manera se respetó su presunción de inocencia.