La Legislatura local retomó el análisis de la petición del gobernador Alfredo del Mazo para que se autorice al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) la venta de 22 inmuebles de su propiedad con la finalidad de allegarse de recursos.
Los integrantes de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, sin embargo, acordaron solicitar la presencia de funcionarios de la dependencia para que les precisen en qué pretenden utilizar los 328 millones 866 mil pesos que pretenden recaudar con la subasta de estos bienes.
Al retomar la propuesta, que fue remitida al Congreso mexiquense en agosto pasado, Javier Quijano, representante del ISSEMyM, aseguró ante diputados locales que 22 inmuebles que desean desincorporarse se encuentran en desuso, 19 de ellos sin lotes baldíos, y en ninguno se pretende realizar construcción alguna porque a la fecha se cuenta con 110 unidades médicas regionalizadas.
Por ejemplo, indicó, en el caso de la clínica de Ciudad Satélite de Naucalpan que cerró, ésta rencausó sus servicios a una clínica de tercer nivel y de consulta externa que se encuentra en Tlalnepantla.
Además, justificó, por esos 22 predios que se mantienen ociosos, el instituto paga en predial cada año alrededor de un millón 167 mil pesos, pero bienes sin movimiento que sólo generan gastos, además de estar en riesgo permanente de invasión, pues algunos incluso apenas están enmallados.
Expuso que, conforme a los avalúos realizados por el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) en 2021, los predios tienen un valor global de arranque por 328 millones 860 mil pesos, que pueden incrementarse y con seguridad aumentarán ese piso al actualizarse para 2022.
La venta de los predios, a su decir, es necesaria para garantizar la operatividad de los servicios del ISSEMyM, debido a que en la actualidad hay 360 mil cotizantes para solventar a un millón de derechohabientes, y para oxigenar los gastos extraordinarios que generó la pandemia en insumos y equipo como los concentradores.
No obstante, la morenista Elba Aldana advirtió que para tomar esa decisión hacen falta mayores datos; lamentó que se pretenda tomar a la Legislatura solo por oficialía de partes; recordó que el ISSEMyM recibe recursos anuales y, a su decir, la propuesta, aunque legal, no es una alternativa moral para cubrir la deuda.
En tanto, Juana Bonilla, diputada por Movimiento Ciudadano (MC), coincidió en que la petición es legal, pero no ética; destacó que 19 predios que pretenden enajenarse se encuentran en La Asunción de Metepec, una zona de alta plusvalía; y destacó que la iniciativa del Ejecutivo no especifica el destino que se dará a los ingresos por la venta de inmuebles.
El ISSEMyM es una organismo que al menos desde la administración del exgobernador Arturo Montiel se ha declarado en quiebra y, para salir de ella, ha incrementado las cuotas a los trabajadores, elevado la edad de jubilación, y se ha convertido el sistema solidario de reparto en las pensiones a Afores (lo que fue revertido por la anterior Legislatura).
Empleados y actores políticos de oposición han advertido que la crisis financiera del instituto tienen su origen en malos manejos financieros que no han sido investigados ni sancionados, y mientras la corrupción no se abata, los trabajadores seguirán saldando los déficits.
A la fecha está pendiente una auditoría externa ordenada por el pleno en 2018; al ISSEMyM le fue rechazada la Cuenta Pública 2018, y en la de 2019 tuvo dos mil millones de pesos en ingresos por recuperar a corto plazo y observaciones por mil 686 millones, debido a las cuotas y observaciones que le adeudan los organismos a los que presta servicios, entre ellos varios ayuntamientos y los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) que ni siquiera son organismo público.