La Comisión de Patrimonio estatal y municipal de la Legislatura local aprobó, por mayoría de votos, la desincorporación de inmuebles a los ayuntamientos de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero para que con su venta se paguen algunos adeudos que tienen.
En el caso de San José del Rincón, el aval para enajenar y subastar alcanza dos predios; para San Felipe del Progreso es uno; y para Nicolás Romero, seis; todos inmuebles municipales.
La diputada Anais Burgos, presidenta de la comisión, la necesidad de que se castigue a los servidores públicos que ponen en riesgo las finanzas públicas y el patrimonio de la ciudanía.
Admitió que no aprobar las iniciativas podría implicar consecuencias legales para las actuales y futuras administraciones municipales, pero subrayó que las salidas fáciles con el tiempo generan crisis insostenibles para la ciudadanía.
Por esta razón, llamó a las autoridades municipales y estatales a ser eficientes en el manejo de recursos públicos, pues para 2022 se incrementó en 4.7% el presupuesto a las entidades y los municipios, participaciones que no estarán etiquetadas, y será su responsabilidad determinar las prioridades del gasto.
En el caso de los dictámenes, a San José del Rincón se le autorizó desincorporar dos inmuebles con superficie de cinco hectáreas cada uno para que pague una deuda de 28 millones 155 mil pesos por el revestimiento de caminos derivado del contrato firmado por la administración 2009-2012 con la empresa Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario S.A. de C..
A San Felipe del Progreso se le autorizó desincorporar un inmueble de mil 727.83 metros cuadrados para transmitirlo al ciudadano José Armando Sandoval Esquivel y con ello dar cumplimiento al requerimiento de pago dictado dentro del expediente 1464/2006 tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
A Nicolás Romero se aprobó enajenar seis inmuebles, de entre 126 y 969 metros cuadrados, para pagar un laudo en favor de Agustín Olivares Balderas por requerimiento de pago y/o embargo ante la Sala Auxiliar de Tlalnepantla por 40 millones 456 mil pesos.
La Comisión también recibió peticiones de desincorporación y enajenación por parte de los ayuntamientos de Metepec y Toluca, y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), pero en estos casos se aprobó solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocar a síndicas o síndicos municipales y a representantes del Instituto y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para que resuelvan dudas sobre el destino de los recursos que se obtendrán.
Los morenistas Anais Burgos, Emiliano Aguirre, Alicia Mercado y Elba Aldana, y Juana Bonilla, de Movimiento Ciudadano (MC), criticaron el manejo de las finanzas públicas municipales y solicitaron más información sobre las solicitudes de desincorporación de los ayuntamientos y sobre el destino de los recursos de los 22 predios del Issemym, de los cuales se busca obtener 328 millones 866 mil pesos.
En tanto, los priistas Paola Jiménez e Iván Esquer, y la panista Miriam Escalona argumentaron que los ayuntamientos cuentan con la facultad de enajenar sus inmuebles y que el Issemym fortalecerá la atención a derechohabientes con la desincorporación de predios; e Isidro Moreno, diputado tricolor, solicitó información sobre los municipios que le adeudan al Instituto.