El alza autorizada por el gobierno del Estado en el precio del transporte público de pasajeros significará en consecuencia y de manera directa un efecto inflacionario en productos y servicios a inicio del próximo año.
Pablo Mejía, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la UAEM, indicó que no existían bases técnicas para autorizar el aumento, partiendo solo de la estabilidad en el precio de los combustibles que se ha registrado en el 2019, uno de los más bajos en los últimos sexenios.
Para evitar presiones de los empresarios, dijo, es urgente que el gobierno tome el control del servicio a través de sistemas articulados eficientes, que movilicen a más personas con menos conflicto.
“La otra opción en el corto plazo, es un transporte público más eficiente, si puede ser que el precio de la gasolina se deje de subsidiar, pero necesitamos alternativas, no puede ser un cambio de un día para el otro y sin tener opciones para desplazarnos”.
Refirió que, actualmente en la entidad datos de movilidad hasta el 76 por ciento de la población usa el transporte público, de estos el 30 por ciento no tiene ingresos propios, es decir depende de terceros como estudiantes, amas de casa y personas de la tercera edad, sumando a un porcentaje similar de población que tiene escasos recursos.