Comuneros de Xochicuautla, municipio de Lerma, advierten que la inauguración de la autopista Toluca-Naucalpan, construida por una filial de Grupo Higa, empresa de Juan Armando Hinojosa, es un acto ilegal, en virtud de que continúan vigentes tres suspensiones definitivas para los trabajos de esta obra.
Los inconformes refieren que el juez resolvió en su favor las suspensiones definitivas de trabajos y obras en los amparos 771/2015, 441/2016 y 1679/2018; por lo tanto, la construcción no podía continuar en tanto no se emitiera alguna sentencia en ese sentido, lo que no ha ocurrido. Lo anterior, advirtieron, significa que la inauguración de la autopista Toluca-Naucalpan es ilegal.
Blanca Flores, integrante de las Comunidades Indígenas en Defensa del Bosque Otomí Sagrado, recordó que apenas en marzo de 2020 se decretó la última suspensión. No obstante, señaló, la empresa y las autoridades estatales aprovecharon el aislamiento obligado por la pandemia para concluir los trabajos.
Aclaró que sólo tres familias de Xochicuautla aceptaron la obra, mientras que la mayoría de los comuneros, que significan al menos 70%, estuvieron en desacuerdo debido a las afectaciones ambientales, e incluso espirituales, que significa la construcción, pues, además de afectar la fábrica de agua del bosque, trastoca las veredas sagradas del Divino Rostro.
Indicó que los pobladores ya analizan las estrategias jurídicas para combatir la operación de la vía, pues el 9 de julio de 2020 venció el plazo de cinco años del decreto expropiatorio del 9 de julio de 2015 para regresar las tierras al no concretarse el objetivo para el que fueron expropiadas.
Recordó que, históricamente, los más de cinco mil habitantes del poblado son comuneros, pero en 2011, en busca de debilitar la oposición al proyecto, se manipularon los mecanismos de las asambleas y el registro disminuyó a 882; aún así, en la asamblea en que la autopista se sometió a consideración del pleno, el 14 de agosto de 2011, apenas fue avalada por 109.
A partir de entonces, indicó, la concesionaria y las autoridades implementaron diversas estrategias en busca del aval y terminaron por “convencer” a los autodenominados integrantes del Consejo Supremo y a los comisariados de bienes comunales en turno. Además, planteó, aprovecharon el aislamiento social obligado por la pandemia para reforzar los trabajos, a pesar de que los comuneros solicitaron, desde mayo, al gobernador Alfredo del Mazo y a las autoridades de seguridad, salud y trabajo, el retiro de trabajadores y policías estatales que se encontraban en la zona en grupos nutridos y sin acatar disposiciones como el uso del cubrebocas, lo que, además, exponía a la población al riesgo de contagio.
Los comuneros apenas obtuvieron respuesta de la Secretaría de Seguridad, en el sentido de que los al menos cien uniformados que rondaban el poblado tenían por objetivo resguardar la integridad de la población, pero para los inconformes, el objetivo real de los elementos policiacos era cuidar la maquinaria de la empresa y evitar que los trabajos se vieran entorpecidos.
Alrededor de 300 policías montados más, indicaron, se encargaron de impedir a los comuneros el paso hacia el bosque sagrado. La autopista fue inaugurada por el gobernador Alfredo del Mazo el 21 de octubre.