La Legislatura mexiquense llamó a los gobiernos estatal y municipales a evitar los retenes para inspecciones injustificadas en vialidades de la entidad por considerarlos motivo de abuso de autoridad y corrupción, y que atentan contra el derecho constitucional del libre tránsito.
El punto de acuerdo promovido por los morenistas María del Rosario Elizalde y Juan Pablo Villagómez, avalado por unanimidad, advierte que los puestos de inspección y revisión denominados “retenes”, realizados por policías estatales o municipales, detienen a cualquier vehículo particular o de transporte público, transportista o motociclistas, obligando a descender a sus tripulantes para revisar el interior de los vehículos y a las personas, con el supuesto objetivo de prevenir la comisión de delitos o para la salvaguarda de la seguridad y el orden público.
No obstante, advierten, “en la implementación de dichos retenes e inspecciones policiales proliferan el abuso de autoridad y actos de corrupción, en donde las autoridades, en el mejor de los casos, detienen vehículos posiblemente irregulares y reclaman una aportación económica ´voluntaria´ para dejarlos continuar su camino o someterse a la posible detención ilegal de su persona o vehículo”.
Elizalde Vázquez recordó que en redes sociales han sido denunciados numerosos casos de corrupción en retenes de Satélite, en Naucalpan, o Juchitepec, donde un video evidencia a policías municipales extorsionando a automovilistas, justificando que realizaban revisiones de rutina.
En temporada decembrina, prosiguió, los paisanos migrantes padecen maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia por parte de uniformados, quienes los despojan de lo que con mucho esfuerzo trabajaron en otros países: “A estos sucesos se pueden sumar los distintos retenes efectuados en las diferentes regiones y municipios del estado por parte de la policía estatal y/o municipal, caracterizados por la arbitrariedad de los agentes encargados de la seguridad pública, efectuando cualquier tipo de extorsión a quienes transitan por las diversas vialidades”, abundó.
Elizalde consideró que los controles preventivos provisionales deben ser fundamentados y motivados en las leyes y disposiciones administrativas, para que exista una causa legítima al ejecutarlos; en ese caso, los agentes de seguridad pública deben identificarse con los conductores e informarles el motivo por el cual se detuvo su tránsito, respetar su integridad y no deben ser un mecanismo de tolerancia de prácticas policiales que favorezca las detenciones arbitrarias, debe existir un equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y la seguridad pública.
En tal virtud, los diputados exhortaron a los titulares de la Secretarías General de Gobierno y de Seguridad, al fiscal de Justicia y a los presidentes municipales a garantizar el derecho al libre tránsito y capacitar a los elementos de seguridad para que se abstengan de realizar retenes cuando no haya causa que lo justifique, con el fin de evitar abusos de autoridad y actos de corrupción, y que, en caso de existir, se apliquen las sanciones correspondientes.