La diputada local Azucena Cisneros sugirió que detrás del levantamiento de los transportistas por la inseguridad en la entidad existe un acuerdo con el gobierno estatal saliente, a quien demandó solucionar, antes de irse, el malestar que provocó el surgimiento de autodefensas.
Cuando falta menos de un mes para el cambio de administración mexiquense, a la legisladora le resulta sospechoso que el Gobierno del Estado permita la operación ilegal de grupos de autodefensas de transportistas en varios municipios del Valle de México, como mecanismo para frenar extorsiones y ataques a choferes.
“Muy mal y digno de sospechas que se dé al término de la administración que perdió el PRI; son actos ilegales, por eso haríamos un llamado a las autoridades que aún no se van para frenarlas, porque tienen facultad para resolver un problema de seguridad”, indicó la congresista.
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Recordó que académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México han señalado que son un arma de doble filo porque pueden generar enfrentamientos y aumentar el clima de violencia en la entidad, y el problema puede salirse de control, pues portan palos, piedras, y algunos medios de comunicación documentaron la portación de armas en municipios como Tecámac.
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Cisneros Coss cuestionó que el Gobierno del Estado permita, desde hace casi tres semanas, la operación de estos grupos al margen de la ley, en lugar de poner orden y asumir su responsabilidad para reducir los altos niveles de inseguridad, pues los transportistas se están adjudicando un papel que solo corresponde a las corporaciones policiacas.
“Es un tema que se tiene que resolver y corresponde a Alfredo del Mazo, porque lo que sí es evidente es que hay un problema de inseguridad en el Estado de México y que todo lo que tenemos que hacer es resolver y atender cada quien sus territorios, esto es lo que nos compete y cada autoridad debe asumir sus facultades”, expuso.
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Señaló que estos grupos inconformes se encuentran liderados por personajes que mostraron su respaldo público en eventos de la excandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, Alejandra del Moral.
Por eso, consideró, resulta cuestionable que no se haya frenado ya su operación y se les permita actuar con manga ancha para la detención de personas, e incluso portación de armas, a unas semanas de que el tricolor deje el gobierno estatal.
“Es ilegal completamente la operación de autodefensas y lo que necesitamos es que haya una garantía de seguridad para todos los sectores”, agregó.