Durante tres ciclos escolares, una menor quien fue estudiante de una telesecundaria ubicada en la Purísima Concepción Mayorazgo, comunidad rural de San Felipe del Progreso, fue víctima de hostigamiento sexual a través de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, por parte de uno de sus profesores, situación que se prolongó después de su egreso, pues ya como alumna de primer grado en Telebachillerato siguió siendo violentada.
Ante está situación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió la Recomendación 14/2023 al titular de la Secretaría de la Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, por hostigamiento sexual, por lo que la autoridad responsable debe entregar en un acto público, una disculpa por escrito a la adolescente y su mamá, en la que reconozca los hechos y acepte las responsabilidades.
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La madre de la víctima, fue notificada de la recomendación emitida y que en fecha próxima la autoridad educativa deberá presentar la disculpa por escrito ante la presencia de un representante de la CODHEM.
Cabe destacar, que la telesecundaria y el telebachillerato ocupan las mismas instalaciones, la primera en el turno matutino y el segundo en el vespertino, por ello con frecuencia coincidían, lo cual hizo que la estudiante manifestará su negativa a continuar en la escuela.
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El 29 de octubre de 2022 la madre de la víctima tuvo conocimiento que el servidor público enviaba a su hija mensajes, audios y videos de índole sexual, por ello acudió a la presidencia municipal, la Agencia del Ministerio Público y a la representación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para denunciar los hechos, pero no recibió apoyo.
Además, el 4 de noviembre de ese año, al reunirse con el director de la telesecundaria solicitó la remoción del maestro, pero él expresó que trataría el asunto con el Supervisor Escolar de la Zona, y aunque ella pidió la dirección de la oficina del supervisor, no se la proporcionó.
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La CODHEM determinó que las acciones del profesor dañaron la integridad personal de la víctima y afectaron diversos derechos, sumado a las acciones y omisiones del director de la escuela y del supervisor escolar, quienes debieron priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, pero en lugar de proteger sus derechos y la integridad de la comunidad estudiantil evitando que el agresor continuara frente al grupo, se inclinaron en favor de él.