La Diputación Permanente de la LX Legislatura del Estado de México reformó la convocatoria de la sesión extraordinaria prevista para este martes, con la finalidad de analizar el Paquete Fiscal 2021, de modo que se realizará el 4 de enero próximo.
La decisión fue tomada después de que, al intentar instalar la Junta de Elección de la Mesa Directiva para el periodo extraordinario, no se reunió el quórum requerido, apenas registrada la asistencia de 32 diputados. La ley establece que la declaratoria del quórum legal surte efecto cuando asisten a las sesiones la mitad de los diputados más uno; es decir, se requería la presencia de 39 de los 75 legisladores locales.
A diferencia de la sesión de comisiones en que se determinó cerrar el periodo ordinario sin Paquete Fiscal, durante la sesión de este martes, la mayoría de los ausentes pertenecen al grupo parlamentario de Morena, aunque algunos sí asistieron, entre ellos Maurilio Hernández, coordinador parlamentario, Karina Labastida y Nazario Gutiérrez (la noche del 18 de diciembre, no estuvieron presentes legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista).
Lo anterior responde a los diferendos de apreciación en cuanto a la solicitud de endeudamiento del Gobierno estatal por 13 500 millones de pesos más saldos insolutos, como deuda para el año próximo (de no concretarse en 2021, contempla la posibilidad de solicitarla en 2022), entre otras disposiciones contenidas en la Ley de Ingresos del Estado, la de los municipios, el Presupuesto de Egresos, el Código Financiero y otros ordenamientos legales vinculados con el manejo del erario.
Esta decisión fue respaldada por PRI, PAN, PRD y PVEM, pero no por Morena, PT y diputados sin partido, quienes consideran que es innecesario un nuevo crédito porque ni siquiera se han contratado los que fueron autorizados anteriormente, y porque cabe la posibilidad de allegarse de ese monto mediante la reestructuración interna de ingresos y egresos.
Morena y sus aliados también advierten que, de autorizarse el monto solicitado, los pasivos públicos mexiquenses pasarán de 43 mil millones a 60 mil millones de pesos en promedio, incluidos los saldos insolutos.