La detención de la activista Kenia Hernández, la noche del sábado, confirma que en el Estado de México no se respetan los derechos humanos, se fabrican culpables, hay detenciones arbitrarias y se criminaliza la inconformidad, la protesta social y la pobreza, advirtió el diputado Max Correa, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la Legislatura local.
El legislador de Morena se sumó a la exigencia de una centena de ONGs para que Kenia Hernández sea presentada y liberada de manera inmediata. Consideró lamentable que en una entidad como la nuestra, y aún en tiempos de la cuarta transformación, sean una constante este tipo de detenciones, y a pesar de que se encontraba sujeta al mecanismo de protección para defensores y periodistas del gobierno federal.
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"Genera un ambiente y una señal poco favorable para la discusión de una Ley de Amnistía en el estado, y acredita aún más la necesidad de contar con una norma de este tipo", destacó.
El congresista anticipó que a las propuestas de Ley de Amnistía promovidas por su bancada y la del Partido del Trabajo (PT), se sumará este martes la construida por José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., con base en su experiencia y conocimientos, para abonar a la discusión en las próximas semanas.
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Hernández Montalván y tres menores de edad, integrantes del colectivo Zapata Vive y del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos de Guerrero, fueron detenidos en la caseta de cobro La Hortaliza (carretera Toluca-Valle de Bravo) por elementos ministeriales y de la Secretaría de Seguridad estatal. La Fiscalía indicó que el aseguramiento ocurrió en cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Kenia Inés "N" por su probable participación en el delito de robo con violencia. La dependencia afirmó que Kenia, quién fuera remitida al penal de Chiconautla, y unas 40 personas provenientes del Estado de Morelos pretendían cerrar la circulación vehicular y pedir cuotas a los automovilistas que por ahí transitaban.
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Además, destacó la Fiscalía, dos adolescentes de 17 años, y uno más de 16, fueron presentados ante el Ministerio Público especializado en Adolescentes, "ya que portaban un machete y una lata de gas lacrimógeno". Más tarde fueron remitidos al centro de internamiento para adolescentes Quinta del Bosque, ubicado en Zinacantepec. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) indicó que los jóvenes fueron liberados este domingo bajo las reservas de ley, y afirmó que en los cuatro casos otorgó acompañamiento.
En contraste, más de una centena de organizaciones en defensa de los derechos humanos exigieron al gobernador Alfredo del Mazo y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la libertad inmediata de los detenidos. Las ONG's refieren que la activista fue encañonada por los uniformados, los adolescentes despojados de sus pertenencias, y sus compañeros golpeados; además acusan que la detención ocurrió sin que les fueran mostradas las órdenes de aprehensión correspondientes. También advierten que el desplazamiento de Kenia tuvo origen en una persecución política e intentos de actos de judicialización que sufrió en Guerrero.