Los diputados morenistas Elizabeth Millán y Gabriel Gutiérrez Cureño recibieron a integrantes del movimiento #NoAlTarifazo, quienes les pidieron echar abajo el reciente aumento del pasaje en el transporte público, debido a que afecta de manera importante la capacidad adquisitiva de los mexiquenses, no se justifica -pues ni la gasolina ni el diésel aumentaron este año-, el servicio de por sí ya es costoso y por la inseguridad de los usuarios a bordo de las unidades.
Durante el encuentro, los inconformes además solicitaron a la Legislatura mexiquense impulsar una ley de “tarifa preferencial” para estudiantes y adultos mayores y exigieron que las autoridades muestren el estudio que sirvió de base para autorizar el ajuste.
Tras acusar al secretario de Movilidad, Raymundo Martínez, de privilegiar intereses particulares, activistas, especialistas y ciudadanos rechazaron la oferta del funcionario para no aumentar la tarifa a estudiantes en líneas de Sendero Seguro, pues es una medida paliativa que apenas beneficia a un sector de la población del Valle de México.
Dante Álvarez, del colectivo “Metrobús Toluca Ya”, advirtió que en el transporte público del estado de México existe un rezago de 40 años de inversión debido a que 80 por ciento de los recursos públicos en la materia se han destinado a infraestructura de vehículos particulares, con lo que resulta beneficiada apenas 30% de la población.
“Según el estudio del uso tarifario del 2017, que solicitamos vía transparencia, los transportistas reconocen al secretario de Movilidad que sus concesiones operan al 30% de su capacidad... la mayoría de las veces tenemos tantas concesiones que operan semivacías; los transportistas y la SEMOV están traspasando está ineficiencia a los usuarios que, en 70% de los casos, son parte del sector más vulnerable de la población", dijo.
Señaló que muchas de las concesiones actuales fueron entregadas a cambio de votos, por lo que propuso que mejor sea la Legislatura quien determine las alzas para atajar intereses privados y obligar exenciones y descuentos.
La diputada Elizabeth Millán justificó que la Legislatura debe respetar las competencias de cada poder, aunque estén en desacuerdo con la medida, mientras Gutiérrez Cueño coincidió en la necesidad de sean los diputados quienes determinen los ajustes tarifarios y comprometió hacer llegar las quejas a Martínez Carbajal y al gobernador Alfredo del Mazo.