José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., manifestó que integrantes de esta organización que se encuentran recluidos en los penales, acusados de delitos que no cometieron, están siendo hostigados y agredidos por denunciar las anomalías al interior, en el marco de los riesgos de contagio por COVID-19, y por promover la agilización de las preliberaciones.
El activista refirió que las presiones comenzaron después del 11 de abril, día de visita en todos los penales, cuando los integrantes de la organización aprovecharon para llenar los formatos para beneficios de preliberación en los centros penitenciarios de Chiconautla, Barrientos, Chalco, Neza Bordo, Molino Texcoco, Otumba, Zumpango, Tenango Del Valle y Santiaguito.
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"Este acto molestó mucho a la secretaria de Seguridad del Estado de México, al subsecretario de Control Penitenciario y al director general de Penales. Desde ese día, y tras estos eventos, el director de Chiconautla, Bertín Arellano, el autodenominado comandante Vallejo y el subcomandante Acapulco comenzaron a amenazar a los principales coordinadores de Presunción de Inocencia", dijo.
Entre los hostigados, expuso, se encuentran Alberto Vázquez Guzmán y Diego Adán González Pérez. Pérez Espinoza indicó que custodios encapuchados hablaron con internos de la población para que les advirtieran a los miembros de la organización que los tienen identificados: "Fueron los que, con puntas y cuchillos, quisieron agredir en la palapa 1 a Alberto Vázquez Guzmán por denunciar la muerte por COVID-19 de la persona privada de su libertad (PPL) llamada Gonzalo", dijo.
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A partir de entonces, las autoridades penitenciarias también comenzaron a prohibir que Diego Adán González se presentará en el área médica, a pesar de padecer hepatitis y deber ser tratado, al considerar que es él quien registra e informa sobre los infectados de COVID-19, "y cómo a los sospechosos de coronavirus los están aislando en las íntimas, sin ninguna medida de seguridad y sin aplicar los protocolos".
Humbertus explicó que las madrugadas del lunes y martes pasados, custodios encapuchados desnudaron a Diego Adán para revisarlo "e incluso lo amenazaron de que, si seguía informando al ruco de Humbertus, lo trasladarían a un penal federal".
Pérez Espinoza refirió que tras las amenazas están el director Bertín Arellano, el comandate Vallejo y el subcomandante Acapulco, los dos últimos han sido señalados de torturar a internos que estuvieron con anterioridad en los penales Molino de Las Flores, en Texcoco, y Huitzilzingo de Chalco.
Como represalia, prosiguió, "los directivos dan comida descompuesta, afectan los teléfonos, restringen los accesos, limitan los alimentos que ingresan las familias por falta de visita, y justifican que lo hacen por culpa de Presunción de Inocencia, al estar denunciando a las autoridades penitenciarias".
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También hay hostigamiento a internos que se encontraban en el Centro de Prevención y Reinserción Social Neza-Norte "La Perla”, cárcel adaptada para atender a PPLs con SARS-CoV-2, por denunciar que los penales de Chiconautla y Neza-Bordo, a los que fueron trasladados, no son aptos para sus condiciones psicosociales.
"La directora Ariadna Jiménez, por instrucciones de Jorge Echartea Mojica, director general de Penales, dio la orden de justificar el traslado por el delito de tentativa de motín, cuando la mayoría de ellos en La Perla estaban muy vigilados. La mayor parte del día están bajo el efectos de los medicamentos ansiolíticos, tranquilizantes y/o antidepresivos, que los hacen dormir largos períodos y, por tanto, en esas condiciones resulta increíble que se organizaran para amotinarse", expuso.