El grupo parlamentario de Morena exigió al secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, deje de operar los programas sociales para favorecer a los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues la ley castiga con entre 2 y 9 años de prisión al servidor público que condicione estos apoyos.
Lo anterior durante la comparecencia del funcionario ante el pleno de la Legislatura con motivo del Cuarto Informe del gobernador Alfredo del Mazo, donde el diputado Jorge García Sánchez advirtió que el Salario Rosa es un programa clientelar y opaco que opera en favor del tricolor.
El legislador advirtió que la corrupción e irregularidades registradas en el diseño, operación y aplicación de los programas sociales de la Sedesem no permiten que el porcentaje de población mexiquense en condición de pobreza disminuya y, por el contrario, catapulta su incremento, a pesar de que los diputados han aprobado en los últimos años mayor presupuesto para aminorar la desigualdad.
Indicó que datos del Comité de Admisión y Seguimiento del Programa de Desarrollo Social “Familias Fuertes”, “Salario Rosa” revelan que en algunos municipios la entrega de tarjetas es muy alta y en otros muy baja, y no es verdad que el programa sea para atender a los municipios donde se ubica la población más vulnerable, sino para incidir políticamente, pues sólo llegó a 61 de los 125 municipios mexiquenses.
Curiosamente, indicó, a Toluca, Metepec, La Paz, Zinacantepec, San Mateo Atenco, Jilotepec, El Oro y San José del Rincón se destinó 57.5% de las tarjetas y 42.2% de los apoyos.
“Tan sólo en 8 municipios se ha destinado prácticamente la mitad del programa; es una mentira aquello que buscan la justicia; estos municipios tienen algo en común y no es precisamente el estado de vulnerabilidad”, dijo.
García Sánchez además cuestionó que el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM) no aplicó y regresó 53% de su presupuesto, mientras el que aplicó lo utilizó en rubros no autorizados, a pesar de que la atención a grupos originarios es prioritaria.
La también morenista Jezabel Delgado consideró que el Salario Rosa sólo sirve para promover la imagen personal del gobernador en redes sociales con fines proselitistas.
Mientras, Acción Nacional (PAN) llamó a superar el perfil asistencialista de este programa para pasar a modelos de desarrollo.
La pevemista María Luisa Mendoza recordó que mil 500 millones asignados al Salario Rosa en 2019 (la cuarta parte de su presupuesto) fueron observados por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) por anomalías como los padrones duplicados y el incumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
Cuestionó que en tiempos electorales la dependencia autorizó la incorporación de 38 mil beneficiarias más y lamentó que a la fecha no se ha publicado el Reglamento de la Ley de Bancos de Alimentos.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Martín Zepeda, apuntó que los programas sociales no han dado resultados, pues de acuerdo con el Coneval en el Estado de México 48.9% de la población se encuentra en situación de extrema pobreza, y la pandemia provocó que casi 7% de las mujeres perdieran su empleo en la entidad.
Por su parte, las priistas Gretel González y Aurora González justificaron que el gobierno destina 70% de su presupuesto programable al desarrollo social, sus programas no son diferentes a los del gobierno federal, y negaron que el salario rosa sea clientelar.
En tanto, Sevilla Montes de Oca pretextó que la emergencia sanitaria detuvo la tendencia positiva del Estado de México durante cuatro años consecutivos en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.