Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Legislatura mexiquense, confió en que a partir de la designación de Miroslava Carrillo como auditora superior de la entidad sea posible desentrañar los señalamientos por mil 800 millones de pesos que, conforme a la organización Impunidad Cero, habrían sido desviados en el sector salud entre 2012 y 2019 con el uso de facturas falsas.
“La auditora superior está en ese tema, el hecho de hacer esos cambios implica ir a fondo en temas que quizá fueron tratados con mucha opacidad”, confió.
El además coordinador del grupo parlamentario de Morena destacó que cualquier anomalía detectada durante la fiscalización será procesada.
No obstante, también aclaró que si se trata de recursos federales los enlistados por Impunidad Cero, con seguridad han sido revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Lo que es un hecho, es que el ISEM será parte de una revisión escrupulosa, lo mismo que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), la Universidad Autónoma de la entidad (UAEMex) y los Cuerpos de Seguridad Auxiliar (CUSAEM)
“Lo estamos revisando, tan es así que es uno de los temas que ha quedado pendientes en la aprobación de las cuentas públicas… recuerden que eso no ha cerrado, precisamente porque existen esas denuncias”.
Conforme a la investigación realizada por Impunidad Cero y Justicia Justa, realizada durante cerca de dos años, se detectaron desvíos por 4 mil millones de pesos en el sector salud de todo el país, a través de casi 23 mil facturas falsas, entre los años 2014 y 2019.
En las anomalías, están implicadas 90 instituciones federales y estatales, y 837 empresas fantasma, lo que podría configurarse en delitos de defraudación fiscal, peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada contra diversas entidades públicas y privadas.
En 30 de 32 estados las facturas falsas se usaron para desviar recursos públicos, así como de instituciones federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y la Secretaría de Salud.
La entidad federativa donde se encontraron mayores desvíos fue el Estado de México, con un total de mil 804 millones de pesos entre 2012 y 2019. El gobierno federal tiene el mayor número de facturación falsa, con seis mil 121 de un total de 22 mil 933. Mientras el IMSS fue la institución que más pagó a empresas fantasma, con 320 millones de pesos.