Omar Ortega, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció que el Ejecutivo mexiquense es omiso al no promulgar el dictamen de la Cuenta Pública 2017 en los tiempos establecidos por la Constitución local, por lo que anticipó que su bancada prepara la reforma que impida al gobernador recurrir al “veto de bolsillo” que consiste en no promulgar las reformas aprobadas por los diputados.
De entrada, expuso que, al transcurrir los 30 días naturales otorgados por la Carta Magna local para que el mandatario estatal pueda realizar observaciones a las iniciativas y dictámenes de la Legislatura, queda firme el dictamen avalado por unanimidad del pleno el 30 de abril pasado –en el que se instruye la celebración de auditorías especiales al ISSEMyM, ISEM, UAEMex, CUSAEM y PAC, y se determina iniciar el proceso de remoción del auditor superior, Fernando Baz-.
Sin embargo, debido a que al día de hoy el decreto tampoco se ha publicado en Gaceta de Gobierno, destacó que también se configura una clara omisión que, sin embargo, no se encuentra sancionada por la legislación vigente y tampoco es precisa en cuanto al plazo de promulgación.
“(El gobernador) no está ejerciendo su derecho de veto, simplemente no lo ha publicado (el dictamen). Puede publicarlo en cualquier momento porque no hay sanción… Es diferente el derecho de veto a la no promulgación… (pero) hay omisión del Ejecutivo”, manifestó.
Por esta razón, anticipó que su bancada prepara una iniciativa para quitar el derecho de “veto de bolsillo” al Ejecutivo, que se configura al aplazar indefinidamente la promulgación de una disposición de la Legislatura.
La propuesta, anticipó, contempla que si en un plazo de 30 días naturales más (dos meses a partir de la notificación) el Ejecutivo no publica, el Legislativo tenga la facultad de hacerlo para cumplir y hacer cumplir las leyes y puntos de acuerdo que aprueba.
De otra manera, destacó, cualquier disposición del Congreso local corre el riesgo de quedarse en el limbo legislativo, y se puede “mantener por años luz sin promulgar”, pues en la actualidad depende simplemente de la voluntad del Ejecutivo.
“Por eso requerimos que el Legislativo tenga facultad de promulgar para dar certeza y vigencia a todas las leyes que de él emanen”, comentó, tras anticipar que esta propuesta será promovida en breve.
El artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que el gobernador “podrá formular observaciones a las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción”.
El término comenzó a correr a partir de la notificación del dictamen, el 3 de mayo pasado, de tal manera que el plazo para realizar observaciones concluyó a las 24:00 horas del 2 de junio, sin que éstas hubieran ocurrido.