El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense formalizó una iniciativa para prohibir el acceso a cargos públicos y de representación popular a deudores alimentarios y agresores por violencia intrafamiliar.
La prohibición comprende a todas las personas servidoras públicas del Estado de México, pero hace énfasis en los cargos de gobernador, diputados, integrantes de los ayuntamientos, titulares de las dependencias, organismos y entidades del Ejecutivo, fiscal general de Justicia, integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, magistrados y jueces, defensores públicos, consejeros y magistrados electorales, contralores y comisionados del Instituto estatal de Transparencia.
El proyecto retoma el trabajo de la organización política “Las Constituyentes Feministas”, que a nivel nacional impulsa “el 3 de 3 de violencia de género”, donde se propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual, y no ser agresor por razones de género.
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El diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, promotor de las reformas, acusó que “en el discurso los altos funcionarios públicos condenan este tipo de violencia, pero en la práctica la generan, la consienten o no hacen nada para combatirla desde el ámbito de sus atribuciones”.
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El morenista recordó que la violencia en contra de las mujeres en México y, particularmente en la entidad, es alarmante, pues más de la mitad de las mexiquenses reporta haber vivido algún incidente de violencia en uno o varios ámbitos, mientras que las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres reflejan un incremento de más de 200 por ciento.
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Por tanto, sostuvo que desde la legislación se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en encomiendas públicas, pues desempeñar un cargo de esta naturaleza no es un privilegio de la clase gobernante, conlleva una gran responsabilidad para dar un trato digno a la ciudadanía.
“El mensaje que se transmite con la presente iniciativa es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las mexiquenses”, apuntó.
La propuesta fue remitida a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen.