Ricardo Sodi, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), reconoció que el Poder que representa arrastra juicios sin resolver, estos tienen antigüedad de 6, 9, 12, 15 e incluso 19 años, lo cual resulta violatorio de los derechos humanos.
La información fue recabada durante el primer informe de Sodi Cuéllar como titular del Poder Judicial Estatal, en el que resaltó los avances en Justicia Digital para afrontar la pandemia de COVID-19; sin embargo, optó por un evento presencial para darlo a conocer.
El acontecimiento duró más de hora y media. Entre los invitados de honor estuvieron el gobernador Alfredo del Mazo; Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura mexiquense; Luisa María Alcalde, Secretaria Federal del Trabajo; Anais Burgos, Presidenta de la Legislatura, y el Alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez.
Al estilo tradicional, el evento se realizó en el patio del edificio central del TSJEM; además, se dieron cita ex presidentes del Poder Judicial, integrantes del Consejo de la Judicatura, magistradas y magistrados, juezas y jueces, representantes de organismos públicos autónomos, servidores públicos estatales y municipales y así como otros invitados, algunos de ellos también los hubo virtualmente.
Ante ellos, en sesión pública extraordinaria solemne, Ricardo Sodi afirmó que se ha puesto en marcha un programa para abatir el rezago que dejó el sistema de justicia penal tradicional, puesto que hay procesos que han durado hasta 19 años y no se han resuelto.
“Reconozco con vergüenza que hemos sido negligentes y omisos en culminar procesos, contrarios a la esencia de la cultura pronta y expedita… Los retrasos de 6, 9, 12, 15 y en un caso hasta de 19 años en el cierre de una instrucción penal, son ignominiosos, no obedecen al respeto a derechos humanos, vulnera la esencia de la justicia y los justos reclamos de las víctimas”, mencionó.
Justificó, sin embargo, que la tardanza responde a estrategias de defensa que prorrogan los procedimientos jurídicos más allá de lo establecido por la Constitución; aunque, igualmente señaló que el juez debe ser diligente para apremiar a las partes al cierre del proceso cuando se ha agotado el material probatorio o las pruebas ofertadas son de imposible desahogo.
“Asumimos con responsabilidad la parte que nos toca. Me comprometo a poner todo el empeño posible y apoyar a los jueces para que concluyan estos procesos. Miguel de Unamuno, catedrático de la Universidad de Salamanca, dijo ´A veces el silencio es la peor mentira´, por eso se debe reconocer los problemas y diseñar acciones para resolverlos; ignorarlos es indigno”, recalcó.
En el ejercicio, indicó que la pandemia disminuyó sólo en 11% la eficiencia en la administración de justicia, ya que los datos duros revelan que en 2020 se concluyeron 66% de los asuntos en primera instancia cuando en la normalidad se terminan 77%; por otro lado, el porcentaje de casos concluidos en segunda instancia fue de 105%. En promedio, afirmó, se resolvieron 8.6 asuntos de cada 10 ingresados.
El tribunal electrónico, expuso, fue la herramienta principal para enfrentar la pandemia, de tal manera que la justicia no se detuvo en el Estado de México. No obstante, algunos seguidores del informe por redes sociales refutaban esta afirmación, al evidenciar retrasos en sus casos.
Con respecto a lo anterior, Sodi mencionó que, por la vía virtual, en 2020 se promovieron 119 mil 870 asuntos, 6 mil 481 demandas, e iniciaron 20 mil 412 asuntos en materia penal, 2 mil 411 civiles, 452 mercantiles, 3 mil 602 familiares -principalmente pensiones alimenticias y divorcios- y 16 demandas laborales electrónicas.
También se celebraron 39 mil audiencias penales virtuales, donde se acordaron 2 mil 225 citas electrónicas, se otorgaron 2 mil 603 órdenes de aprehensión y mil 149 órdenes de cateo, esto mediante las 70 salas para audiencias virtuales, asimismo se emitieron 3 mil 594 sentencias penales remotas.