El Congreso del Estado de México modificó la Ley de Desarrollo Social de la entidad para que las mujeres mexiquenses en condición de pobreza tengan prioridad en la distribución de programas sociales.
La propuesta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca que los apoyos se dirijan a las mexiquenses que más lo necesitan, por encontrarse en condiciones de pobreza moderada, o extrema, de manera que se les priorice en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal.
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La iniciativa fue avalada por unanimidad, en busca de mejorar la calidad de vida de las familias, reducir desigualdades y garantizar los derechos sociales de las mujeres que más lo necesitan. "Nuestra meta es potencializar un desarrollo social sostenible y con equidad”, aseguró la diputada Aurora González Ledezma.
La legisladora consideró que este cambio permitirá cerrar brechas y perfeccionar la legislación para que se garantice el principio de igualdad, equidad y no discriminación entre los géneros, y permitirá una vida digna a través de los derechos humanos con sustento en la ley.
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Los apoyos otorgados a las mujeres, destacó, contribuyen directamente a la disminución de las desigualdades sociales, permiten la construcción de una mejor sociedad y son el soporte para la vida económica del Estado de México.
“Somos nosotras, las mujeres, las que movilizamos la entidad, trabajando desde nuestros hogares, desde nuestras múltiples ocupaciones, abarcando y logrando una mayor presencia en la vida política y social, no sólo del estado, sino a nivel nacional”, manifestó quien además es presidenta de la comisión legislativa de Desarrollo y Apoyo Social.
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Recordó que en la entidad habitan más de 17 millones de mexiquenses; 51 por ciento son mujeres y poco más de 4 millones de ellas viven en condiciones de pobreza.
Los integrantes de la comisión coincidieron en que la lucha contra la pobreza es uno de los retos más importantes de un gobernante, por lo que es necesario cerrar las brechas de desigualdad con políticas públicas en favor de las jefas de familia.