La Legislatura local aprobó en comisiones la eliminación de los impuestos cedulares por actividades empresariales y profesionales incluidos en el proyecto de Ley de Ingresos del Estado de México que el gobernador Alfredo del Mazo pretende para 2022.
Sin embargo, para compensar los recursos que dejarían de recaudarse, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso aumentar los impuestos ambientales.
Durante el análisis en comisiones, el priista Enrique Jacob rechazó que la propuesta del Ejecutivo para crear cuatro nuevos impuestos responda a la ineficiencia recaudatoria, pues mientras la media en recaudación de recursos propios a nivel nacional es de 9%, en la entidad asciende a 11%.
Justificó que los gravámenes propuestos mejorarían los padrones de contribuyentes y permitirían el control de empresas que pagan a sus empleados por honorarios.
No obstante, dijo, que el tricolor entiende que la economía se encuentra en recuperación después de las afectaciones de la pandemia, de tal manera que comprende no es el momento para incorporar los impuestos cedulares por prestación de servicios profesionales y por actividades empresariales.
La morenista Carmen de la Rosa indicó que la puesta en marcha de estos gravámenes habría afectado a 500 mil contribuyentes que ya tributan a la Federación, es decir, habría repercutido en un segmento sobrefiscalizado y desalentaría las contribuciones. Reestructurar el gasto, insistió, traería mayores alcances.
Sin embargo, a la par de retirar ambos impuestos, el priista Guillermo Zamacona puso sobre la mesa un ajuste al alza sobre el impuesto ecológico y ampliar sus categorías, de tal manera que en caso de las emisiones por gases contaminantes representen cien pesos, en lugar de 43 (con los que se pretendían recaudar 80 millones de pesos), por tonelada; también cien pesos por metro cúbico de agua contaminada con hidrocarburos o metales pesados; y 25 pesos por cada cien metros cuadrados de suelo contaminado también con hidrocarburos o metales pesados.
Su correligionario Enrique Jacob indicó que en las entidades en que aplica, se ha mejorado la recaudación y disminuido la contaminación porque las industrias han preferido invertir en tecnologías limpias.
La morenista Mónica Álvarez anticipó que su bancada está en contra del aumento, y pidió conocer mecanismos para la aplicación de la norma.
Su compañero Faustino de la Cruz lamentó que se pretenda compensar la desaparición de impuestos cedulares con la ampliación de los ecológicos para alcanzar, a como dé lugar, la meta recaudatoria establecida.
Se requiere, dijo, precisar quiénes serán sujetos de los impuestos ecológicos, pues la pequeña y mediana empresa pasaron por complicaciones durante la pandemia y están en proceso de recuperación. “El objetivo debe ser ampliar la base de contribuyentes, no aumentar los impuestos”, insistió.
Consideró que con ajustes presupuestales puede eficientarse el gasto y anticipó que propondrá la disminución, en 10% de la propuesta, del recurso pretendido para Salario Rosa, por su opacidad, para que de allí se tome el dinero y no sangrar más a los contribuyentes.
La petista Trinidad Franco propuso completar la propuesta con estímulos a las empresas por aplicación de energías limpias.
Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), propuso que el impuesto ecológico se vote en 43 pesos por tonelada de gas contaminante emitida, mientras Elías Rescala, coordinador de la bancada tricolor, propuso aprobar el impuestos y sólo dejar “encorchetada” la tarifa, pues existe consenso en torno a la creación del gravamen, pero diferendo en el monto del impuesto.
La morenista Karina Labastida indicó que en la exposición de motivos se asegura que la creación de este impuesto tiene fines ecológicos, no recaudatorios, por lo que resulta incongruente plantear un incremento; y alertó que resulta improcedente aprobar un impuesto sin clarificar en qué consiste.
Su compañera Beatriz García indicó que en el Estado de México ni siquiera hay red de monitoreo ambiental, por lo que cuestionó quién se encargará de las medición de las emisiones. No se trata, dijo, de solo engordar una bolsa, sino de cumplir la agenda 2030.
Luego de la discusión, por unanimidad se aprobó que el impuesto ecológico por emisión de gases contaminantes quede en 43 pesos por tonelada, y no se especificó si el gravamen aplicará también para la contaminación del agua y del suelo en las tarifas sugeridas.
También por unanimidad, las comisiones de Planeación y Finanzas Públicas aprobaron gravar con 5% la utilidad de las casas de empeño, y acordaron reservar lo relacionado con la petición de endeudamiento por 9 mil 500 millones de pesos que será analizado, de forma tentativa, el lunes próximo.