El grupo parlamentario de Morena exigió al gobernador Alfredo Del Mazo cumplir las Recomendaciones 97 y 98 del 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que le sugieren reglamentar la supervisión de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) y girar instrucciones al secretario de Seguridad estatal para que verifique y capacite a la corporación, a fin de que se apegue a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
La diputada Azucena Cisneros, promotora del punto de acuerdo, consideró necesario poner un alto a la impunidad con la que actúan los CUSAEM, pues además existe un sin número de denuncias por presuntos delitos cometidos por sus elementos.
Entre los señalamientos enlistó “La Operación Safiro” surgida de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de la que se desprende que ex elementos y elementos de los CUSAEM habrían operado la triangulación de recursos en diferentes estados del país, a través de 12 empresas mediante las que se desviaron 650 millones de pesos en los estados de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la Delegación de Milpa Alta de la CDMX para presunto financiamiento ilegal de campañas electorales priistas en 2016.
La morenista indicó que construir una sociedad segura requiere que el Estado asuma su responsabilidad de regular, supervisar y vigilar la actuación de las instituciones policiales.
Sin embargo, lamentó, la falta de legalidad en la regulación y supervisión de esta corporación, ha permitido su operación bajo la protección de las autoridades estatales con total impunidad, sin rendir cuentas y sin que se fiscalicen sus ingresos, pese a que existen diversas denuncias presentadas en su contra por violación a derechos humanos y presuntos hechos delictivos.
A pesar de que el Gobierno del Estado ha señalado que los CUSAEM están integrados por personas que no tienen el carácter de servidores públicos, expuso, esta corporación hace uso de insignias, escudos y armas de fuego de la policía estatal, al amparo de la licencia oficial colectiva 139, otorgada a la Comisión Estatal de Seguridad, hoy Secretaría de Seguridad del Estado de México, y su personal se encuentra afiliado al ISSEMyM, a quien adeudan más de mil cuatrocientos millones de pesos por cuotas.