Lejos de atender el exhorto de la Legislatura local emitido en marzo pasado para agilizar la liberación y de acceder a reunirse con el padre Alejandro Solalinde y diputados locales, la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad mexiquenses aplican prácticas dilatorias y medidas que violan los derechos humanos del activista José Humbertus Pérez Espinoza, considerado un prisionero de conciencia.
El presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD) denunció que, a pesar de que se han vencido los plazos para demostrar su culpabilidad en las carpetas de robo con violencia y extorsión que aún se le siguen, al grado de que en las próximas audiencias se definiría su situación jurídica, quienes se dicen víctimas coincidentemente promovieron recursos de recusación de los jueces, arguyendo que están siendo parciales.
Pérez Espinoza no descartó que detrás de ambas estrategias se encuentre la Fiscalía, pues los recursos se basan en los mismos argumentos que ha expuesto durante las audiencias, en virtud de que los jueces en ambos casos le han advertido que la etapa para presentación de pruebas de la parte acusadora se ha agotado.
El activista considera que éstos recursos jurídicos tienen como propósito presionar a los jueces.
Adicionalmente, las notificaciones sobre las recusaciones no le han sido entregadas en tiempo, con lo que la Fiscalía logró aplazar las siguientes audiencias hasta finales de enero de 2020, cuando debieron resolverse hace unos días.
Adicionalmente, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) emitió una alerta para denunciar que José Humbertus Pérez Espinoza ha sido víctima de tortura psicológica, tratos degradantes e inhumanos, y su familia otra vez perseguida, después de que el director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de México (DGPRSEM), Jaime Echartea Mojica, fuera sancionado el 10 de octubre con 30 días de salario por el juez al desatender un informe que le fue solicitado el 11 de septiembre sobre las limitantes o condiciones para mantener en aislamiento al activista en el Centro Preventivo Psicosocial en Nezahualcóyotl Norte, mejor conocido como La Perla.
Las autoridades penitenciarias además ocultaron los exámenes médicos-psiquiátricos expedidos el 5 y 7 de octubre del 2019 del prisionero de conciencia en los que se especifica su ingreso a La Perla por un problema de pancreatitis aguda y no por problemas psiquiátricos, como se pretende hacer creer para mantenerlo en un penal psicosocial y en aislamiento.
A los pocos minutos de la determinación del juez, al salir del Juzgado Humbertus fue objeto de tratos degradantes y tortura psicológica, fue encerrado en una camioneta en desuso en la Garita del Penal de Chiconautla en Ecatepec por más de dos horas sin tomar alimentos, agua y sus medicamentos.
"Estas prácticas violatorias de sus derechos humanos continuaron en las audiencias del día 13, 31 de octubre y 14 de noviembre del 2019, en represalia por la multa a Echartea Mojica.
Adicionalmente, el 8 de octubre, tras el reinicio de las manifestaciones para solicitar la libertad inmediata del activista, "se inició una campaña de intimidación y persecución en contra de la familia del activista y de los coordinadores de ambos movimientos".
Por estas razones, el LIMEDDH solicitó al gobernador Alfredo del Mazo garantizar el respeto a los derechos humanos de José Humbertus Pérez Espinoza y las familias aglutinadas en el FMDVD y el movimiento Presunción de Inocencia y Derechos Humanos "como en su momento fue el caso de las organizaciones que reclamaron la libertad de los presos de Tlanixco y Salazar, solicitamos lo mismo y queremos las mismas garantías".