Veinte municipios del Estado de México podrían aumentar las tarifas por el servicio de agua potable en 2023, conforme a la solicitud de nueve de ellos para aumentar los costos y de 11 para actualizarlos.
Las peticiones comenzaron a analizarse en comisiones legislativas de Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas, y de Recursos Hidráulicos, en presencia de funcionarios del Instituto Hacendario y de la Comisión del Agua (CAEM), ambos del Estado de México.
Quienes solicitan actualización de 7 por ciento conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) son Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Valle de Bravo, Jilotepec, El Oro, Tepotzotlán y Acolman.
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En tanto, los municipios que piden aumentos superiores al resto son Toluca, Zinacantepec, Lerma, Tecámac, Tultitlán, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México y Amecameca.
Éste último, afirmó Felipe Serrano, vocal ejecutivo del Instituto Hacendario, es el único que cobra por debajo del Código Financiero, de manera que cada año pide aumento para irse emparejando poco a poco; de lo contrario, indicó, el ajuste tendría que ser de 28 por ciento de un solo golpe.
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Serrano Llarena aseguró que a lo largo del año se mantuvo una mesa de trabajo con 62 municipios para la revisión de sus tarifas. Al final, 20 presentaron propuestas de tarifas diferenciadas a las del resto, construidas con la asesoría técnica y jurídica de la CAEM, la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM), la subsecretaría de ingresos y la procuraduría fiscal.
De esta veintena de demarcaciones, 11 piden actualizar los costos del servicio para que se calculen con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que significaría un ajuste al alza por el orden de 7 por ciento.
Los otros 9 municipios piden aumentos superiores a los establecidos en el Código Financiero, de acuerdo a las circunstancias técnicas y operativas de la prestación de los servicios de cada organismo operador.
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Las peticiones, indicó el funcionario, se consideran viables técnica y jurídicamente porque son proporcionales para que cada ayuntamiento pueda continuar prestando los servicios.
“Si no se llegara a dar este ajuste tarifario, en ese momento podríamos poner en riesgo que el ayuntamiento pudiera continuar dotando ese servicio y es lo que se intenta evitar”, expuso.
Mientras, Malek Contreras Rivero, director de Finanzas de la CAEM, también consideró procedente el ajuste diferenciado en los 20 municipios, y explicó que para poder presentar una propuesta de incremento de tarifas, los ayuntamientos están obligados a probar que harán proyectos de infraestructura para mejorar la dotación del líquido.
Por su parte, la diputada Beatriz García, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, se pronunció por garantizar el acceso al agua y por clarificar a los ciudadanos los conceptos sobre líneas domésticas e industriales.
“A veces se tiene la percepción que es un tema de privación del agua cuando es un tema administrativo”, dijo antes de decretar un receso para retomar en próximos días la evaluación de las iniciativas y dictaminarlas.