La posición del tricolor responde a una serie de imágenes difundidas en redes sociales en que se observa a supuestos estudiantes del CBT referido arribando al evento de Del Moral Vela.
También pidió la intervención de las autoridades electorales para que investiguen y, de ser necesario, sancionen a la aspirante, y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que dicte medidas precautorias en favor de los alumnos.
A propuesta del morenista Isaac Montoya, de urgente y obvia resolución los diputados avalaron llamar a las administraciones locales a respetar los criterios jurídicos mínimos para un proceso electoral.
El senador Higinio Martínez, delegado especial para el proceso electoral, acusó que con esta coincidencia el PRI, en un acto de desesperación y falta de ingenio, intenta provocar a Morena, pues Gómez Álvarez había anunciado el lugar del cierre desde hace un mes.
Entre quienes se desarrollaron políticamente al calor y con los fondos económicos del sol azteca, citó al presidente Andrés Manuel López Obrador, al senador Higinio Martínez, a Ricardo Moreno, Alejandro Encinas, Mario Delgado, Delfina Gómez y Claudia Sheimbaum. “La lista es muy larga”, reprochó.
Además, exigieron que la titular del órgano electoral estatal actúe de manera democrática y demuestre en los hechos su imparcialidad e independencia frente al gobierno estatal, pues sus asesores son también cercanos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Jorge Gómez, quien fue coordinador de agenda de Luis Videgaray cuando fue secretario de Hacienda, y Yuri Beltrán Miranda, ex consejero electoral del tricolor.
“Yo estoy bien plantada”, manifestó, en alusión a la presunta guerra sucia desplegada en su contra.
Murat Macías es sobrino y primo de los exgobernadores de Oaxaca, José Murat Casab y Alejandro Murat Hinojosa, respectivamente; también fue suplente del diputado federal Alfredo Del Mazo González en el periodo 2003 a 2006.
Duarte Olivares aclaró que las observaciones no son contra Gómez Álvarez, sino contra entidades federativas y universidades estatales, sobre todo de Jalisco y Coahuila, que son las que tienen más irregularidades.
