La afectada promovió el Juicio de la Ciudadanía Local 196 de este año, en contra de diversos actos atribuidos a la Secretaría del Ayuntamiento, instancia que le negó la posibilidad de contender por el cargo de representación indígena ante el cabildo.
En esta renovación quedaron fuera Raúl Flores Bernal —magistrado en dos periodos (2005-2014 y 2017-2024)—, Leticia Victoria Tavira y Patricia Riesgo Valenzuela, quienes fueron excluidos bajo el principio de no reelección. No obstante, se aprobó el regreso de Romero Bolaños, quien ya había sido magistrado entre 2013 y 2022.
Gamboa Sánchez, quien ha militado en el PAN, Morena y el PT, promovió el Juicio de la Ciudadanía Local (JDCL) 13/2025 en contra del acuerdo del Comité, mediante el cual se desechó su solicitud de registro.
Para exigir el pago al ayuntamiento de Toluca, Raymundo “N”, ahora sujeto a prisión domiciliaria mientras se investiga por la privación de la libertad del padre de su exesposa, entabló el Juicio de Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano Local (JDCL) 386 de este año.
El JDCL 349 fue promovido por Agustín Barrera, Leticia Bautista Villavicencio y Tomás Octaviano Félix, en calidad de integrantes de la dirección estatal
Oscar Pasquel, magistrado ponente, explicó que, durante una entrevista al denunciado, se le cuestionó sobre las razones de su ausencia en un debate organizado por medios de comunicación, y el entonces candidato dijo que no acudió al ejercicio porque no quería causar un disgusto a su adversaria por su estado gestacional.
De esta manera, la bancada de Morena creció a 36 diputados locales (29 de mayoría relativa y 7 de representación proporcional), mientras el PRI disminuyó a ocho (dos de mayoría y 6 de representación).
En 114 casillas se consideró inoperante el agravio, al no identificar la discrepancia entre rubros fundamentales
El TEEM declaró la existencia de la infracción denunciada y la falta al deber de cuidado por parte de los partidos políticos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)
(La decisión), señaló, “representa una clara violación a los principios democráticos que rigen nuestro Estado, carece de legitimidad, certeza, imparcialidad y legalidad”.
