La iniciativa plantea la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, como un órgano colegiado permanente encargado de la concertación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia.
El periodo extraordinario se celebrará el 15 de enero y se integrará con iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Las modificaciones, avaladas por las y los diputados locales en su carácter de integrantes del Constituyente Permanente, buscan fortalecer el control parlamentario sobre la Guardia Nacional, avanzar hacia un marco jurídico homogéneo contra la extorsión y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, con el propósito de eficientar la seguridad pública.
La autoridad municipal adelantó que dará vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, se inicien las indagatorias administrativas y, en su caso, penales correspondientes.
Según la investigación, los hechos se desencadenaron el pasado mes de noviembre, cuando unos hombres se presentaron ante un comerciante dedicado a la venta de pollo y, tras identificarse como miembros de una organización delictiva con orígenes en Michoacán, lo amenazaron para exigirle una cuota de dos pesos por cada kilo de pollo vendido bajo amenaza de represalias.
Las autoridades detallaron que tras una serie de detonaciones de arma de fuego en el tianguis navideño del fraccionamiento La Guadalupana, se desplegaron elementos del grupo especial de la Policía Metropolitana junto a la Secretaría de Marina (Semar).
La iniciativa, presentada por el diputado Mariano Camacho, advierte que erradicar esta práctica criminal es uno de los mayores desafíos para el Estado de México, los municipios y la ciudadanía.
De aprobarse, la pena sería de hasta 12 años de prisión y 300 días de multa. Se considerará usura otorgar préstamos de dinero, bienes o servicios con intereses desproporcionados o en condiciones injustas que excedan las tasas permitidas por el Banco de México.
La condena fue dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento en los Juzgados de Tenango del Valle, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales confirmaron su participación en hechos ocurridos el 19 de julio de 2024 en Coatepec Harinas.
De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, los mensajes exigen una cuota de seis mil pesos semanales o mil pesos diarios. Aunque se desconoce la autenticidad de los remitentes, el contenido ha generado temor entre los comerciantes.
