La ponencia del magistrado Oscar Pasquel Fuentes señaló que la parte quejosa únicamente presentó ligas electrónicas como pruebas técnicas, las cuales no se robustecieron con otros elementos que confirmaran su veracidad. Indicó que los enlaces remitidos correspondían al mismo video replicado por diversos medios digitales, lo que solo constituye un indicio leve sin suficiente sustento probatorio.
Núñez Bautista promovió el Juicio de Inconformidad 23/2025 para impugnar el acuerdo que validó los resultados de la elección de magistradas y magistrados, la asignación de cargos y la expedición de constancias de mayoría.
La resolución fue emitida al desahogar el Juicio de Inconformidad 24 de este año, promovido por una ciudadana contra el acuerdo 92/2025 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
Camacho Lupercio fue denunciado a través del Procedimiento Especial Sancionador 32/2025, acusado de presunto uso indebido de recursos públicos y/o privados, promoción personalizada y violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.
Entre los agravios, la promovente alegó que Jannet Ramírez Díaz habría distribuido “acordeones” con información electoral entre votantes, solicitando por ello la nulidad del proceso. Sin embargo, el pleno del TEEM determinó que no se presentaron pruebas suficientes que acreditaran la entrega de dichos materiales antes o durante la jornada electoral ni su posible influencia en los resultados.
La persona promovente interpuso el Juicio de la Ciudadanía Local 276 de 2025, con el objetivo de controvertir el Acuerdo 92 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), mediante el cual se determinó la integración de las magistraturas.
La agresión habría sido cometida en mayo pasado en agravio de la administración municipal y de Miriam “N”, psicóloga del Sistema Municipal DIF, a quien presuntamente agredió física y verbalmente.
El pleno del TEEM se declaró incompetente para resolver el recurso, al considerar que si bien la parte actora señala al Congreso local por no haber armonizado la Constitución estatal tras la reforma federal del 30 de septiembre de 2024, no se argumentó de forma clara una afectación directa a los derechos político-electorales de los promoventes.
La primera sanción se derivó del Procedimiento Especial Sancionador 17/2025, interpuesto por Nadia Alejandra Mejía Ayala, en contra de Nava y Navas, quien también contendía por una magistratura civil en la región Toluca.
