Corte de Miami acepta demanda de México contra García Luna, por desvío de recursos
La demanda fue interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); la institución lo acusó de participar en una red compleja de lavado de fondos robados.
La demanda fue interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); la institución lo acusó de participar en una red compleja de lavado de fondos robados.
En 2019, Tarín García fue declarado responsable del delito peculado en perjuicio de Chihuahua. La Fiscalía local logró entonces acreditar de manera fehaciente la coautoría en el desvío de dos millones 420 mil pesos del erario; hechos por los que ya fueron sentenciados el ex Diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez y el empresario, Iván Elí Sánchez Jasso.
Con esta resolución, el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ordenó al juez Alberto Torres Villanueva reponer la audiencia del año 2021 en la que el Ministerio Público Federal solicitó emitir la orden de captura contra Gómez Mont.
Durante una audiencia que duró casi 11 horas, el juez le impuso el uso de un brazalete electrónico, con el cual permanecerá bajo vigilancia policiaca.
La Fiscalía presume que la mandataria y el depuesto expresidente están implicados en una presunta organización criminal a raíz de aportes ilegales durante la campaña electoral de 2021.
Este fin de semana, la Fiscalía General de la República logró la captura de cinco de los 22 imputados en el caso de los 142 millones de pesos que pagó Segalmex en la compra de 7 mil 800 toneladas de azúcar, de las que sólo recibió 3 mil 110.
El organismo legislativo determinó que el mandatario tiene como plazo el próximo viernes 10 de febrero a las 16:30 horas para que comparezca ante la Comisión o responda por escrito.
El Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México dejó sin efectos la decisión del juez Ganther Alejandro del Villar en la que rechazó sobreseer el caso contra Robles y anular la vinculación a proceso que le fue dictada por ejercicio indebido del servicio público.
Dicha acusación corresponde al ISR del año 2017, ya que también se sospecha que existan recursos, derechos o bienes que provengan, de manera directa o indirecta.