Álvarez Villavicencio calificó como “fallida” la seguridad en el proceso electoral, por los diversos hechos violentos que pusieron en riesgo la integridad de precandidatos y candidatos
Es fundamental que los beneficiarios cumplan con los requisitos y condiciones del programa para evitar la suspensión o pérdida de sus pagos
Para Aguilar Talavera, es necesario que el padrón de beneficiarias sea público y las reglas de operación claras, tal y como se exigía con el Salario Rosa que operó durante el sexenio anterior.
El además vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) precisó que el mecanismo de asignación será totalmente distinto, debido a que el salario rosa era operado a través de cientos de intermediarios que le daban un enfoque político y electoral.
La propuesta del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca que los apoyos se dirijan a las mexiquenses que más lo necesitan, por encontrarse en condiciones de pobreza moderada, o extrema, de manera que se les priorice en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal.
El informe de la aplicación de los recursos y evolución de los programas sociales operados por la Secretaría de Desarrollo Social con corte al 31 de julio de 2023, consigna que ese mes, el posterior a los comicios por la gubernatura, no se ejerció un solo peso de los programas Comunidad Fuerte, Niñez Indígena y Desarrollo Integral Indígena.
La diputada María Luisa Mendoza, coordinadora de la bancada del tucán en la Legislatura mexiquense, consideró necesario incorporar la vigilancia ciudadana al ejercicio público y que su presencia se prevea en todos los programas y obras públicas.
El Salario Rosa, programa bandera de la administración saliente, reportó, para esa fecha, un avance de 42.39%, al devengar 2 mil 091 millones 746 mil 400 pesos, de los 4 mil 934 millones 844 mil 196 previstos como presupuesto, en favor de la totalidad de beneficiarias previstas: 447 mil 817 mujeres.
Todos los programas sociales de los tres niveles de gobierno entran dentro de la veda electoral, y los únicos que no pueden ser suspendidos son los relacionados con protección civil, emergencias sanitarias o siniestros.
Para estos programas se destinarán 66 mil 377 millones de pesos en este bimestre, en beneficio de 11 millones 239 mil 840 personas adultas mayores, 1 millón 284 mil 727 personas con discapacidad, y 247 mil 237 niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.
