La experta expresó que la acreditación de investigaciones por aborto es difícil, porque se necesitan pruebas del delito, lo que es poco probable en esos casos.
Con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el Pleno aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y deroga el 152, del Código Penal del Estado de Veracruz.
El dictamen permite la interrupción del embarazo hasta la semana número 12. Abortar después de ese lapso implica de seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días de multa a la mujer que cometa este acto, considerado un delito.
Partió del Parque Vicente Guerrero al edificio de la Legislatura Local; esta, tuvo la finalidad de pedir a las autoridades de seguridad, educación, trabajo y vivienda digna hacer caso omiso a la solicitud de la despenalización del aborto.
El proyecto representa un fuerte cambio respecto a la situación actual -en la que solo se permite abortar legalmente si la mujer sufrió una violación o corre peligro su vida-.
En septiembre de 2018, comentó, la bancada del PRD presentó una iniciativa para permitir los matrimonios igualitarios en la entidad, mientras Morena y el PT hicieron propuestas similares.
El presidente de la Comisión de Salud, el también morenista Miguel Ángel Navarro, manifestó estar de acuerdo en que el asunto debe ser abordado por la figura de un Parlamento Abierto, y en el mismo tono se expresó la panista Alejandra Reynoso.
El ISEM registra un total de 12 mil procedimientos anuales para interrumpir un embarazo relacionado con malformaciones del producto, complicaciones en el embarazo, abortos espontáneos o en apego a las causales que se encuentran en el codigo penal del Estado de México.
Expertos en el tema de salud señalan que un aborto legal en clínicas avaladas por una autoridad disminuye el porcentaje de mortalidad, sin embargo, el procedimiento es esencial para garantizar la vida de la mujer.
