Tres Pm

Yareli “N”, tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, tras ser detenida el pasado 21 de julio durante el operativo conjunto “Liberación”.

Junto con ella, también fueron vinculados a proceso Gonzalo “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N” y José Fernando “N”, investigados por su presunta implicación en los delitos de extorsión agravada y secuestro exprés.

En audiencias recientes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó elementos de prueba que fueron considerados idóneos, pertinentes y suficientes por la Autoridad Judicial para establecer la posible participación de los seis imputados en los hechos que se les atribuyen.

El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que todos los acusados permanecerán en reclusión durante el desarrollo del proceso penal.

Perfil de los implicados

 • Gonzalo “N”, identificado como líder del sindicato “Bradosva”, controlaba de forma exclusiva la distribución de materiales de construcción como arena, grava y varilla en la región de Valle de Bravo. Exigía pagos por “derecho de piso”: 15 mil pesos por ingreso y 2 mil 500 por cada viaje de materiales.

 • Yareli “N” es investigada por la privación de la libertad de un comerciante en Ixtapan de la Sal.

 • Jorge “N”, presunto líder de madererías en Valle de Bravo, habría exigido 100 mil pesos y una cuota mensual a un comerciante de madera, además de obligarlo a comprarle sólo a él.

 • Antonio “N”, presunto integrante de un grupo criminal, estaría vinculado a la distribución de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán.

 • Alicia “N” y José Fernando “N”, presuntos operadores de la organización criminal La Familia Michoacana, son señalados por extorsionar a un comerciante, a quien habrían amenazado si no les compraba madera con un sobreprecio del 12 por ciento.

Todos los implicados permanecen internos en Centros Penitenciarios del Estado de México. La autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 23 de septiembre de 2025.