Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), justificó que fue decisión autónoma de los jueces otorgar a Raymundo “N”, exalcalde de Toluca, y a su excoordinador de asesores, Andrés “N”, la posibilidad de seguir en libertad su vinculación a proceso por supuesto secuestro exprés, pese a tratarse de un delito que por su gravedad no alcanza beneficios procesales.
“Los jueces son autónomos y se basan en varios criterios establecidos por la ley. No le doy instrucciones a un juez sobre cómo resolver; ellos actúan con base en la ley”, esgrimió.
El magistrado detalló que, para fijar o modificar una medida cautelar, los juzgadores debieron evaluar la necesidad de cautela, el peligro de evasión, el arraigo del acusado y la posibilidad de que el desarrollo del proceso corra o no peligro sin la medida cautelar adecuada.
También destacó que el sistema judicial estatal tutela el principio de presunción de inocencia, de manera que los acusados tienen derecho a ciertas consideraciones, mientras no se demuestra su culpabilidad.
Por tanto, propuso a quienes tengan dudas sobre la concesión otorgada al exedil y su excolaborador que revisen las determinaciones jurídicas que pueden ser consultadas a través de la página del Poder Judicial, con la finalidad de entender las razones que sustentaron las decisiones de los juzgadores.