Una de las principales modalidades de extorsión en el Estado de México, se realiza por llamada telefónica, las cuales en su mayoría provienen del interior de centros penitenciarios como el Reclusorio de Santa Martha Acatitla en la CDMX con una incidencia de 65% y en menor porcentaje reclusorios de Jalisco Tamaulipas así como del Estado de México.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la mayoría de llamadas realizadas son de intimidación sin embargo, no llegan a hechos violentos, los delincuentes solo buscan que las victimas realicen depósitos en tiendas de conveniencia.
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Luego de trabajos de investigación e inteligencia realizados por la Fiscalía mexiquense con relación a las llamadas de extorsion, se pudo detectar que el Centro penitenciario y de reinserción social de Tlalnepantla registra 12%, lo que se traduce en 17 llamadas , seguido del Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez con 9% o bien 12 llamadas.
El Penal de Puente Grande en Jalisco indica un 10% traducido en 10 llamadas, Tenancingo con 5% o 7 llamadas y Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca y el CERESO Altamira en Tamaulipas con 1 llamada.
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De acuerdo con el informe de la Fiscalía, en la entidad se ejercen seis modalidades de extorsión, de las cuales, en el periodo del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024 se iniciaron 3 mil 967 carpetas de investigación, siendo principalmente las extorsiones telefónicas con 33%, seguido de las ejercidas contra el comercio, a particulares, por relación de confianza, a empresas y a transporte público.
Para hacer frente a los delitos de alto impacto, la FGJEM ha dispuesto de la capacidad de sus elementos, de mejorar su equipamiento y de acciones operativas.
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En el caso de la extorsión, refiere que es uno de los delitos que más se ha extendido en los últimos años en todo el país y afecta a todos los sectores de la sociedad, además que se diversifica, por ello en el Estado de México, trabajan de manera coordinada con instancias de los tres órdenes de gobierno a partir de acciones operativas y de inteligencia para combatirlo e identificar a grupos delictivos que operan este ilícito con la finalidad de obtener un beneficio económico a través de intimidación y amenazas contra sus víctimas.