Carmen de la Rosa, presidenta de la Comisión de Planeación y Gasto Público, advirtió que los impuestos por actividades empresariales y prestación de servicios profesionales son inviables
La legisladora recordó que el derecho de petición es una prerrogativa constitucional de los ciudadanos. Para el caso que se propone, esta garantía se hará realidad a través de los diputados locales como representantes populares.
También solicitó que expliquen el número de mujeres beneficiadas, logros del programa, cuántas mujeres han mejorado sus condiciones a partir de los apoyos, cuál es la proyección para 2022, y la entrega del desglose correspondiente con objetivos e indicadores claros.
En el caso concreto, consideró que la dependencia parece que pretende proteger o seguir protegiendo “a una empresa que en palabras del propio presidente de la República, es corrupta, no quiere dejar de robar y fue la consentida de Enrique Peña Nieto”.
Los diputados Faustino de la Cruz, Azucena Cisneros, Daniel Sibaja y Ariel Juárez destacaron la necesidad de evitar el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada para no afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales.
La congresista recordó que hay grupos parlamentarios que han manifestado su rechazo total a la propuesta, y consideró que eso significa que están en contra de las mujeres.
El diputado Max Correa Hernández considera necesaria esta aclaración, debido a que el sector de la construcción pidió al OSFEM auditar a municipios endeudados con proveedores
Martínez Miranda indicó que seguirá recorriendo el Estado de México porque la Constitución lo ampara y “ni los intentos de censura del gobierno estatal, ni la desesperación de los panistas y mucho menos las prisas del INE” lo detendrán.
