Durante una mesa de trabajo para analizar la propuesta de Paquete Fiscal 2022, el grupo parlamentario de Morena se pronunció en contra de la contratación de una deuda por 9 mil 500 millones de pesos y de la creación de cuatro impuestos: por actividades empresariales, por la prestación de servicios profesionales, a casas de empeño y por emisión de gases contaminantes al medio ambiente.
Carmen de la Rosa, presidenta de la Comisión de Planeación y Gasto Público, advirtió que los impuestos por actividades empresariales y prestación de servicios profesionales son inviables, porque desde hace mucho tiempo a los profesionistas no se les ha garantizado un empleo de calidad y bien remunerado dentro de la entidad.
Cuestionó que no se apueste por incrementar la eficiencia tributaria, ni a identificar y cobrar a los grandes contribuyentes que adeudan al Estado el Impuesto Sobre Remuneraciones.
Max Correa secundó la necesidad de ampliar la base gravable con los impuestos ya existentes.
Por su parte, Daniel Sibaja aseguró que el gobierno del Estado de México ha quedado a deber en recaudación, porque está muy por detrás de las grandes urbes, “no hay una política para ensanchar la base tributaria”; en todo caso, dijo, “que paguen más los que más tienen”.
Lamentó que la Secretaría de Finanzas presente información a los diputados sólo 20 días antes de concluir 2021.
Karina Labastida consideró que antes de solicitar nueva deuda, se requiere ofrecer corte de caja para conocer el destino de los 8 mil 637 millones de pesos que la Legislatura autorizó para este año, pues 2 mil 637 serían utilizados para algunas obras de gobierno federal y 6 mil millones a otros proyectos, entre ellos ocho hospitales que siguen como elefantes blancos.
Mónica Álvarez indicó que los impuestos para las personas físicas con actividad empresarial y profesional buscan aplicar el 5%, el límite superior permitido, pero en pandemia son preocupantes porque se viene de dos años de crisis económica que, en todo caso, debiera obligar a que el gobierno también apoye a este sector igualmente afectado; y llamó a reflexionar sobre los efectos jurídicos y fiscales de la medida, pues podría incrementar la evasión y propiciar impugnaciones.
Por su parte, los funcionarios de Finanzas justificaron que a nadie gustan los nuevos impuestos, pero son necesarios para afrontar las complicaciones económicas que trajo la pandemia.
Explicaron que los impuestos cedulares aplicarían a alrededor de 250 mil contribuyentes.
En el caso del empresarial, si hay utilidad, hay pago; si no, no lo hay; y si hay pago, es deducible.
En siete entidades, dijeron, ya se recaudan y la Suprema Corte de Justicia se pronunció por su constitucionalidad.
Indicaron que el semáforo nacional de alertas permite al Estado de México endeudarse hasta por 26 mil 351 millones, y para 2022 sólo se está pidiendo 36%.
De los 9 mil 500 millones solicitados, explicaron, 62% se tiene considerado para proyectos de movilidad, fundamentalmente asociada con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) porque las obras se encarecieron debido a que el precio del acero aumento en 50%; mil 145 millones serán para desarrollo municipal y el resto para otras obras públicas.
Aseguraron que el total de la deuda 2021 se encuentra comprometida; y la de la conclusión de los ocho hospitales está reservada porque se está gestionando con la Federación la intervención del Estado.